En la nueva agenda de supuesta “regeneración democrática” de Pedro Sánchez, que según él va a suponer un punto y a parte, uno de los objetivos principales es el control del poder judicial. Un objetivo alentado por Podemos con el registro en el Congreso de una proposición de ley destinada a ese fin.

La pretensión de esta medida es rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para designar a los miembros del Consejo del Poder Judicial y limitar la facultad de elección de cuatro vocales por parte del Senado. Un movimiento de claro sello populista, contrario a lo que en diversos dictámenes e informes ha declarado la Comisón Europea, que reiteradas veces ha pedido a España que se garantice la elección de los miembros del Poder Judicial con criterios que salvaguarden la autonomía e independencia de la justicia frente a cualquier intervención de los políticos.

La insistencia de Sumar en que se reforme la Ley de enjuiciamiento criminal para que los fiscales sean los que instruyan los procesos, incluso para que se abra de nuevo el cuarto turno, forma parte de esta deriva de la política gubernamental. La obsesión de Sánchez y sus socios en deslegitimar a los jueces y su interés en nombrar desde el poder político a los jueces significa un secuestro del poder judicial, una forma de acabar con la separación de poderes, de atentar contra la letra y el espíritu de la Constitución vigente, y una manera de de debilitar nuestra democracia.