El PP y Ciudadanos han cargado este sábado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por anunciar, a menos de dos meses de las elecciones generales, que ultima una solución para abonar a las comunidades autónomas las entregas a cuenta pendientes pese a encontrarse en funciones.

Mientras desde esos partidos se acusa al Ejecutivo de electoralista, éste puede argumentar que a estas alturas del año, y con las elecciones previstas para el 10 de noviembre, los pagos en ningún caso afectarán al próximo Gobierno, ya que éste no se constituirá hasta ya comenzado 2020.

Ése fue el argumento de la Abogacía del Estado para rechazar en agosto pasado la ejecución de los citados pagos por parte de un Gobierno en funciones.

Fuentes de Hacienda han asegurado este sábado a Efe que sus responsables siguen trabajando intensamente para encontrar una solución que permita abonar a las comunidades las cantidades pendientes y confían en encontrarla cuanto antes.

El diario El País apunta incluso que antes de que acabe septiembre el Gobierno desbloqueará 4.500 millones de euros, aunque desde Hacienda únicamente se señala que trabajan para encontrar una solución "lo antes posible".

El jueves la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dijo que ya "casi" hay lista una solución, aunque no concretó detalles técnicos ni plazos.

Desde Logroño, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, y ha recordado que "hace cuatro días" el pago era "imposible".

Igualmente, el secretario de Política Autonómica de Ciudadanos y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha acusado a Sánchez de "reírse" de las comunidades y actuar de manera "irresponsable" y electoralista.

En el ámbito autonómico, la presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que "primero asfixian, luego chantajean y ahora, que vienen elecciones, nos dan limosna".

Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, considera electoralista y una "vergüenza" que Hacienda haya encontrado "milagrosamente" un "resquicio" legal para realizar los pagos justo "cuando empieza la campaña electoral".

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, también ha hablado de "chantaje" por parte de Sánchez y Montero, mientras que su homólogo en Murcia, Fernando López Miras, se ha referido a "otra maniobra electoralista" con la que el PSOE "pretende sacar rédito electoral de la asfixia a la que nos ha sometido".

El presidente de los populares en Aragón, Luis María Beamonte, ha acusado al Ejecutivo en funciones de haber "ahogado sin sentido a comunidades y ayuntamientos" y ha defendido que "no se puede ser tan irresponsable".

Su homóloga en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, lo considera una "vergüenza", un calificativo que también ha usado el presidente popular de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que acusa al dirigente socialista de "reírse de todos".

También desde Galicia, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha afirmado que PSOE, PP, Cs y Podemos continúan "instalados en la frivolidad y jugando con asuntos muy importantes para Galicia".

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y del PP en esa comunidad, ha preguntado retóricamente a Montero cuándo hay que creerla: "cuando decía que no podía pagarnos o ahora que encuentra un resquicio porque hay elecciones".

El presidente castellano-leonés, Alfonso Fernández Mañueco, también ha tildado de electoralista la iniciativa y ha asegurado que Sánchez ha "mentido" al decir hace unos meses que estos pagos eran imposibles.

Ante estas críticas, desde el Gobierno no ha habido un pronunciamiento oficial, aunque la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno no utiliza las instituciones, sino que trabaja para resolver los problemas de las personas y generar oportunidades.

Desde Galicia, el secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, ha defendido que es "evidente" que el Gobierno de Sánchez "cumple aquello que dice" y acusa a Feijóo de ser él quien ha buscado "réditos electorales" con la reclamación de un dinero que estaba "garantizado y comprometido".

El vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ve como una "buena noticia" que el Gobierno "haya encontrado una solución que lleve al desbloqueo, antes de fin de mes, de los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta correspondientes a la financiación autonómica", ya que su retención suponía "un riesgo para el mantenimiento de los servicios públicos".

Aun así, ha advertido a través de un comunicado de "la necesidad de buscar una solución definitiva para que las comunidades no tengamos que depender de la voluntad de un Gobierno o de los informes de los abogados del Estado".