Que nazcan niños es la base del crecimiento y la sostenibilidad de una sociedad. Pero en los últimos años parece que no estamos teniendo esa suerte.

España ha experimentado una tendencia a la baja en sunatalidad, lo que preocupa de manera especial por la repercusión que a largo plazo pueda tener en aspectos sociales o económicos.

Las razones que esconde esta realidad son muchas. Subyace un cambio demográfico, con un envejecimiento y una disminución de la población en edad reproductiva, la incertidumbre económica, el desempleo, la inestabilidad laboral o la ausencia de políticas de conciliación laboral y familiar, como el acceso a guarderías asequibles o la flexibilidad en los horarios laborales.

Conscientes de este desafío, son algunas las administraciones que se han puesto manos a la obra para ofrecer incentivos fiscalesque apoyen la maternidad.

Es el caso de Castilla y León. Allí, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, mostraba precisamente hace unos meses su “preocupación” por la merma en la comunidad del número de nacimientos, tal y como reflejaba entonces el INE que evidenciaba una caída del 4,22% respecto a los siete primeros meses del año anterior.

En otras palabras, hasta julio nacieron en esta comunidad 7.161 niños, 316 menos que en el mismo periodo del 2022 y 1.244 menos que en el mismo periodo del 2019, previo a la pandemia.

No obstante pese a que en el caso del saldo migratorio esta comunidad acumula años positivos, con más personas que llegan de las que se van, el hecho es que el saldo vegetativo entre nacimientos y fallecimientos es perjudicial para la evolución demográfica de este territorio.

El cheque bebé

Esta situación evidencia la necesidad de poner en marcha políticas de apoyo a la familia y a la natalidad, que pueden pasar por un tratamiento fiscal o por ayudas que combatan el preocupante descenso poblacional.

Ante esta situación, la Junta ha optado por prorrogar en 2024 una ayuda encaminada precisamente a dar facilidades a la maternidad: el conocido como ‘cheque bebé’.

Hasta agosto pasado se concedieron en total 4.721 de estos bonos por un importe de 7,8 millones de euros.

Requisitos

El Bono Nacimiento es una ayuda para las familias castellanas y leonesas con hijos nacidos o adoptados a partir del 1 de enero de 2023.

Para optar a la ayuda lo primero es por tanto estar empadronado en esta comunidad. Es decir, los progenitores de los menores nacidos o adoptados deben de estar empadronados en Castilla y León.

El plazo de solicitud es de tres meses desde este nacimiento o adopción.

A efectos prácticos consiste en una tarjeta prepago, conocida como la tarjeta familia, con una banda magnética que permite realizar compras destinadas a la adquisición de determinados bienes y servicios en los establecimientos comerciales de sectores definidos por la Gerencia de Servicios Sociales en Castilla y León. Los beneficiarios la recibirán en casa por correo certificado a nombre de quien la haya pedido en el plazo aproximado de una semana. Incluye la mitad de la ayuda que nos hayan otorgado y la otra mitad se abonará transcurridos seis meses.

Farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tiendas de alimentación y establecimientos de puericultura o especializados en artículos y productos para la infancia, son algunos de los establecimientos en los que se puede gastar.

¿Cómo?

Desde la Sede Electrónica de Castilla y León se puede acceder a la aplicación informática en la que deben grabar su solicitud. Incluye la información sobre los requisitos que deben cumplir los solicitantes, la documentación a aportar y toda la información sobre el Bono Nacimiento.

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Cuantía

La ayuda oscila en función de la renta y tamaño de la familia. De esta manera para rentas de hasta 40.000 euros serán 1.500 euros por el primer hijo, 2.000 por el segundo y 2.500 por el tercero y siguientes; para rentas entre 40.000 y 60.000 euros, 1.000 euros el primero, 1.500 el segundo y 2.000 el tercer o siguientes; y a partir de 60.000 euros, 500 el primero, 1.000 el segundo, y 1.500 el tercero o más.

Estas cuantías se duplicarán cuando el menor nacido o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.