Bankia y CaixaBank avanzan con buen ritmo en las negociaciones para su fusión y tratan de despejar los últimos flecos para lograr cerrar el acuerdo de su fusión y convocar a sus respectivos consejos de administración, según han informado a Efe fuentes próximas a las conversaciones.

Desde que se anunciaran las conversaciones entre ambas entidades para crear el mayor banco de España, los contactos se han mantenido al más alto nivel, en la mayoría de las ocasiones, directamente entre el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

Aun así, los principales accionistas de ambas entidades, el Estado a través del FROB y la Fundación La Caixa a través de CriteriaCaixa, respectivamente, también han jugado un papel clave, lo que explica que haya habido contactos directos entre la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente de la Fundación y Criteria, Isidro Fainé.

Este último tipo de encuentros se han producido principalmente para abordar algunas cuestiones sensibles desde el punto de vista político, pero también para limar algunas discrepancias iniciales, ya que el Gobierno, lejos de intermediar, lo que ha hecho es defender los intereses de todos los contribuyentes.

Lo que parece claro en estos momentos es que el acuerdo de la fusión podría ser inminente y Bankia obtendrá una participación superior al 25 % en el nuevo grupo fruto de la fusión con CaixaBank, aunque ello obligará a CriteriaCaixa, el principal accionista de la entidad catalana, a elevar su participación en ella antes de que culmine la operación por encima del 40 %.

De hecho, tendría ya el visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) para que CriteriaCaixa supere el 40 % de CaixaBank con el objetivo de garantizarse que en el futuro su participación en el nuevo grupo no quedará por debajo del 30 %, lo que a su vez le reporta beneficios fiscales.

Y es precisamente ese beneplácito del supervisor lo que ha allanado la operación y ha permitido superar el escollo la ecuación de canje o la participación de cada banco y de sus accionistas en el futuro grupo, con lo que el Estado, a través del FROB, podría obtener una participación superior al 15 %.

Las negociaciones también han servido para reforzar la idea inicial de que el domicilio social del nuevo grupo esté en Valencia, aunque mantenga sedes operativas en Barcelona y Madrid, y se ha dado por hecho que la marca CaixaBank se impondrá como ha sucedido con las últimas compras llevadas a cabo por la entidad.

Otro de los puntos tratados en las últimas horas ha sido la configuración del futuro consejo de administración del nuevo grupo con la idea de concretar el número de asientos, el reparto entre entidades y la condición de cada uno de sus miembros, pues además de los ejecutivos y los dominicales, en los últimos tiempos se ha apostado por una mayor presencia de independientes.

El Ejecutivo reitera su compromiso en que la operación se lleve a cabo

El Gobierno ha reiterado su compromiso para que se preserve el mayor número de puestos de trabajo en el marco de los procesos de reconversión que puedan llevar a cabo las empresas, en respuesta a las posibles consecuencias laborales que puede tener la eventual fusión entre Bankia y Caixabank.

"Es obvio que este Gobierno va a luchar siempre por la defensa de los puestos de trabajo y va a intentar que aquellas empresas que tengan que hacer procesos de reconversión lo hagan con el menor coste posible de puestos de trabajo", ha subrayado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta premisa, ha agregado, es válida tanto para esta fusión como para cualquier empresa que presente un expediente de regulación de empleo y tiene como objetivo lograr que los despidos no sean la única fórmula de las compañías a la hora de hacer los ajustes, sino que tengan en cuenta el valor añadido o la competitividad.