En plena polémica por la intención de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, el sector de la construcción reclama al Gobierno que retome el mecanismo de revisión de precios de obra pública recién expirado para evitar que miles de licitaciones queden desiertas.

"Solo en 2022 quedaron desiertos 1.000 millones de euros en contratos de obra pública y se irá a más", asegura el sector de la construcción si no se reactiva el mecanismo que durante el último año ha permitido revisar los contratos de obra pública encarecidos tras la adjudicación entre un 5% y un 20% por el desboque de las materias primas como el acero, el cobre, el aluminio o la energía.

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?? Las claves que hacen de Holanda un país "ideal" para trasladar Ferrovial allí y cómo afectará a otras empresas

?? Pablo Gimeno nos ha explicado en @findesemanacope las consecuencias que puede tener esta decisión para otras empresas ?? https://t.co/0cur0bGBHd

— COPE (@COPE) March 4, 2023

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Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal Confederación Nacional de la Construcción, expone que "si siguen quedando desiertas algunas obras, o algunas obras no se pueden defender, nos cargamos el tejido productivo". "Son empresas líderes mundiales, son nuestras y, sobre todo, la pequeña y mediana que es la crea de manera intensa trabajo. Estamos en alrededor de 1.400.000 trabajadores y podríamos llegar perfectamente a los dos millones si hacemos los deberes que tenemos encima de la mesa", asegura.

Y es que siete de cada 10 euros del plan de recuperación pasarán de forma directa o indirecta por el sector de la construcción, que cerró 2022 con un 17% más de empresas cerradas y un incremento del 28% en concursos de acreedores.

"El Gobierno les va bien"

Nadia Calviño reitera este fin de semana el rechazo del Gobierno al traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos, que en su opinión "no tiene nada que ver con alguna acción u omisión por parte del Ejecutivo", ya que "a las empresas españolas les va muy bien con este Gobierno". En declaraciones a 'La Vanguardia', asegura que la información que tiene el Gobierno y los análisis técnicos plantean "muchas dudas" sobre los argumentos que se han dado para justificar esta decisión, que ha calificado de "errónea".