El 20% de la ciudadanía admite que compra a sabiendas estos productos, y el porcentaje sube al 45% entre los menores de 24 años

La Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Congreso debatirá y votará este lunes una proposición no de ley del PP para introducir medidas concretas que penalicen y desincentiven la compra de productos falsificados, dado su impacto económico negativo.

En la exposición de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press, la formación indica que las pérdidas directas por la venta de falsificaciones en España alcanzan los 5.700 millones de euros, mientras que en términos laborales suponen la pérdida de 44.700 empleos.

Además, es un problema que se acentúa en España, pues frente al 13% de ciudadanos de la Unión Europea que afirma haber comprado intencionadamente productos falsificados en los últimos doce meses, en nuestro país el porcentaje asciende hasta el 20%, y en el caso de los menores de 24 años pasa al 45%.

"Creemos que hay que dar un paso adicional para desincentivar la compra de falsificaciones", argumenta el PP, que cree que además de perseguir la fabricación, la distribución y la comercialización de productos falsificados, hay también que desincentivar la compra de los mismos.

MÁS SENSIBILIZACIÓN

En este sentido, la propuesta del grupo insta al Gobierno también a reforzar las labores de sensibilización de los consumidores a través de campañas de información sobre los efectos perniciosos de las falsificaciones y de las posibles consecuencias para los compradores de estos productos, especialmente entre la población joven.

A esto se añade una propuesta para promover flujos de información entre autoridades, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los comercios minoristas y las redes logísticas para tomar medidas adicionales que impidan la entrada de productos falsificados en las cadenas de suministro.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también plantea intensificar la lucha contra la venta de falsificaciones en todos los canales de venta y promover, al mismo tiempo, una acción coordinada con las administraciones locales para garantizar el cumplimiento de las leyes en el comercio al por menor de productos y proteger nuestro comercio de proximidad.