El Gobierno ha trasladado a los agentes sociales los cambios que se producirán en el plan que creará una cotización finalista durante los próximos 10 años para llenar las huchas de las pensiones. La principal novedad en la propuesta de Seguridad Social consiste en repartir los costes de esa cotización entre empresas y trabajadores. El nuevo tramo sería del 0,6%. Un 0,4 corresponderá a la empresa y un 0,2% al trabajador.

Esta subida de las cotizaciones sociales, que se aplicaría desde 2023 y hasta 2032, tendría un carácter finalista, ya que iría destinada a nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", que actualmente cuenta con apenas 2.000 millones de euros.

Esta propuesta tiene como objetivo cubrir el vacío que dejó la derogación del factor de sostenibilidad que cayó como "una bomba" sobre el diálogo social.

Los empresarios indicaron que esta era una línea roja en las negociaciones. Además, lamentaron que la Seguridad Social les entregara una propuesta tan relevante en apenas un folio y medio que ocupa el borrador de lo que será una enmienda a la ley de Reforma de las Pensiones.

Este mecanismo también sustituirá al factor de sostenibilidad aprobado en la reforma de 2013 y ya derogado, es garantizar las pensiones de los llamados "baby boomers", los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.

Además de este incremento de las cotizaciones sociales y como parte del mecanismo de equidad intergeneracional, el Gobierno deberá mantener el gasto en pensiones sobre el PIB según las proyecciones del informe sobre pensiones de la Comisión Europea, el Ageing Report (0,8 puntos del PIB, unos 10.000 millones de euros a fecha de hoy).

Y para ello, a partir de 2032, revisará cada tres años esta ratio y, en caso de desviación, deberá adoptar medidas adicionales pactadas en el seno del diálogo social y con acuerdo en el Pacto de Toledo.

Se trataría así de una herramienta contingente y sólo se activaría si se dieran determinadas circunstancias, como un incremento del gasto en pensiones, y además sería temporal y equilibrada, puesto que no sería soportada por una sola generación.

El ministerio, la patronal y los sindicatos apuran las últimas reuniones de la mesa de diálogo social para tratar de cerrar este mecanismo de equidad intergeneracional, que quedó esbozado en el proyecto de ley de reforma de pensiones y que el Gobierno quiere introducir en el trámite de enmiendas del Senado para que entre en vigor junto con el resto de medidas el próximo 1 de enero.

El Gobierno pretende que el texto esté cerrado el lunes próximo y empezar a tramitarlo, como muy tarde, el martes siguiente.