El retraso en los pagos de las facturas energéticas aumentó de forma "muy notable" durante la pandemia, posiblemente por el incremento del consumo de los hogares en el confinamiento y la prohibición de cortar el suministro en las primeras viviendas, decretada por el Gobierno.

Son las conclusiones del último estudio de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, presentado este miércoles, que advierte de que el empeoramiento de este indicador evidencia que el "escudo social" del Ejecutivo "pudo funcionar en el corto plazo, pero que las deudas se están acumulando".

Los investigadores se refieren al real decreto ley 11/2020, en vigor desde el 2 de abril de 2020, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

Una de ellas fue la garantía de mantener los suministros básicos -luz, gas y agua- en las primeras residencias de familias vulnerables, lo que en la práctica supuso la paralización de los cortes y ayudó a evitar "que los consumos energéticos de estas personas se hicieran aún menores", apuntan.

Sin embargo, los niveles de pobreza energética que reflejan indicadores subjetivos, basados en encuestas, como el nivel de impagos, han aumentado.

Según el estudio, elaborado a lo largo del último trimestre del año pasado con datos de 2020, en torno a un 10 % de los ciudadanos declaró tener un retraso en el pago de facturas energéticas durante ese ejercicio.

Para poder entender este resultado, señalan los investigadores, conviene no perder de vista el "escudo social", que permitió a muchos hogares mantener el suministro aunque entraran en morosidad.

En opinión de los autores, "es muy urgente atender a esta realidad para evitar que la situación de deuda se cronifique y termine conllevando, antes o después, el corte de suministro".

En este sentido, reconocen que la novedad que incorpora el suministro mínimo vital, que extiende seis meses más la moratoria de cortes, "permite cierto respiro, pero no soluciona el problema en el largo plazo".

Por tanto, "habrá que estar muy atentos a la evolución de este indicador en los próximos dos años para ver cómo evoluciona la deuda energética de las familias vulnerables" en España.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS A ADOPTAR?

Durante la presentación, el investigador José Carlos Romero ha resaltado que existen varios grandes frentes en los que hay que seguir trabajando, empezando por mejorar las medidas paliativas a corto plazo, como son el bono social eléctrico y el bono térmico, que "son necesarios" a la par que "insuficientes".

Al respecto, ha hablado del "cambio muy significativo" en el concepto de bono social eléctrico, que ha aplicado la rebaja de la factura hasta el 70 % en el caso de hogares con vulnerabilidad severa.

No obstante, ha aclarado Romero, este incremento "no responde a la realidad de la pandemia, sino al problema del aumento del precio que hemos sufrido en 2021".

Otra de las "batallas pendientes" está en la asignación de estas ayudas, la cual debería tener un proceso "más sencillo", ha añadido el autor, que cree que la dotación presupuestaria del bono térmico "debería ser mucho mayor".

A medio y largo plazo, el desafío está en la eficiencia energética en un país donde la situación del parque edificatorio "es muy ineficiente, especialmente en hogares vulnerables".

"Estamos ante la oportunidad de nuestra generación, con los fondos y los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte)", ha subrayado Romero, que ha instado a priorizar las actuaciones en los hogares con mayor vulnerabilidad.

LAS COMUNIDADES DEL SUR, LAS MÁS AFECTADAS

El trabajo revela, además, que la realidad de la pobreza energética se volvió más compleja durante 2020, debido a la situación del confinamiento doméstico por la pandemia.

De hecho, ha asegurado el director de la cátedra, Efraim Centeno, se perciben "diferencias geográficas muy significativas, siendo las comunidades autónomas del sur de España las más afectadas".

Los investigadores entienden que, de cara a la implementación de medidas "paliativas y estructurales" contra la pobreza energética, hay que atender "con cuidado" las diferencias territoriales, extrayendo las buenas prácticas de las zonas donde la incidencia es menor, y dando prioridad a las regiones más desfavorecidas.

EL "ESCUDO SOCIAL" MEJORÓ LA POBREZA OCULTA

El estudio también mide la pobreza energética oculta, es decir, aquellos hogares que consumen menos energía de la necesaria porque no son capaces de afrontar ese gasto.

En concreto, constata un porcentaje significativo de este tipo de pobreza energética, que en 2019 alcanzó el 25 % y en 2020, el 21 %.

Esta evolución muestra que los hogares españoles no consumieron menos energía a pesar de las circunstancias excepcionales que se vivieron con la pandemia, las cuales tuvieron un impacto significativo en la economía de muchas familias.

Para los autores, tal hecho refuerza su hipótesis de que el "escudo social", al menos desde la pobreza oculta, funcionó.