El Gobierno sigue mostrando su malestar por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede de España a Países Bajos. El asunto lejos de enfriarse, se reaviva. Esta semana, el ejecutivo ha ido un paso más allá para tratar de evitar su marcha, pasando de las críticas, a las acciones -o al menos intenciones-.

Ese 'manos a la obra' pasa por invocar la conocida como ley 'antiopas'. La propia vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo deslizaba en una entrevista. En ella, sugería la posibilidad de activar esta medida, aprobada al comienzo de la pandemia, para evitar que las empresas estratégicas pudieran ser absorbidas durante la crisis sanitaria.

“Es una ley que se estableció ante la pretensión de que en ese momento pudiera venir algún inversor extranjero y tomar más del 10% del capital”, cuenta José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra .

Inicialmente, se pensó como algo temporal, pero en diciembre, el Consejo de Ministros aprobó su prórroga hasta 2024.

¿Es aplicable a Ferrovial?

Los expertos consultados por COPE consideran que sería muy difícil aplicar esta ley en el caso Ferrovial. “Está pensada para otro tipo de situaciones. Esto es una fusión inversa. Aquí no hay una empresa extranjera que quiera hacerse con el capital de una española relevante, sino que es otro tipo de operación”, argumenta García Montalvo.

Para trasladar su sede, Ferrovial va a proceder a que una de sus filiales en ese país absorba a la matriz española, en base a la Ley de Modificaciones Estructurales de la Sociedades Mercantiles (LME).

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De aplicarse la ley 'antiopas', la operación tendría que pasar por el Consejo de Ministros. El gobierno podría aludir elementos de interés público para condicionar e incluso vetar la absorción en un caso extremo.

“Esto en el seno de la UE no se vería bien visto”, señala García Montalvo.

Otra opción sería cambiar la norma para evitar este tipo de prácticas. “Modificar la ley para permitir que se pudiera aplicar, me parece todavía más complicado. Daría la razón a la empresa cuando dice que la seguridad jurídica quizás no es el fuerte de España”, justifica.

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Este experto ve difícil revertir la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. “La única medida que se podría aplicar sería que parte de los accionistas no estuvieran de acuerdo. Cuando ya se ha anunciado, es porque cuenta con el apoyo mayoritario”, señala.

No es la esencia de la ley 'antiopas'

“Hay inversores extranjeros que aprovechan que una empresa, por algún motivo, tiene una valoración en bolsa muy baja comparativamente con lo que vale, para tomar posiciones. Pero este no es el caso”, opina.

A su juicio, la intención del Gobierno al deslizar la posibilidad de aplicar esta medida son varias. Primero, “un aviso para otras empresas”, aunque advierte, “si estás haciendo este aviso,le estás dando la razón cuando dice que no se pueden tomar decisiones con criterios empresariales”, argumenta.

“Tengo la sensación de que el Gobierno tiene que mostrar que no va a dejar a las empresas españolas marchase porque sí. Tiene que mostrar fortaleza”, razona.

Las consecuencias de aplicar esta medida podrían ser graves. “Si se llevara al extremo, de alguna manera se socavaría la idea de la seguridad jurídica, pero no creo que vaya a ser el caso”, concluye.

Demuestra, en cualquier caso, la tensión entre el Gobierno y determinados sectores empresariales. Clima que no se recordaba desde la guerra de Opas a Endesa, en el año 2005, compañía que finalmente terminó en las manos extranjeras de la italiana Enel.