La medida estrella del Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital, está enquistado, sigue atascado y además bloquea la tramitación de otras prestaciones de la Seguridad Social. La ayuda ha llegado según los datos del Ministerio de Escrivá, a 549.670 hogares, muy por debajo de los 850.000 que el ministro dijo que podrían recibirla en su primer año. Ese medio millón apenas representa la cuarta parte de las solicitudes presentadas que superan los 2.200.000. Entre solicitudes denegadas e inadmitidas suman 1.300.000 y los datos del sindicato mayoritario en la administración CSIF alertan de que hay más de 100.000 peticiones que ni siquiera han comenzado a ser gestionadas y 200.000, pendientes de resolución. Estas son las cifras a las que hay que añadir los 700 millones de la partida para el IMV que está sin gastar.

Sin cita previa

Las dificultades para los solicitantes comienzan desde el primer momento. Hay que tener cita previa para ser atendido en una oficina, se consigue por teléfono o a través de internet, pero en un sistema saturado es misión casi imposible. Expedientes incompletos, falta de documentación y otros problemas de los que los interesados tardan en enterarse meses, con el consiguiente retraso de la prestación. O mucho peor, prestaciones que se han concedido y cobrado y, al cabo del tiempo, llega una carta requiriéndote las cantidades recibidas. No hay posibilidad de aclararlo. Haraldo Dalander trabaja en una oficina de la Seguridad Social de Sevilla y, cuenta a COPE, el malestar de los propios funcionarios ante las situaciones que ven todos los dias: “les ves en la puerta cuando el vigilante no les deja pasar porque no tienen cita, les remite a internet, pero son personas vulnerables que no cuentan con los conocimientos ni recursos suficientes y dependen de los trabajadores sociales que también tienen meses de lista de espera”.

Desorganización e improvisación

Si al inicio se tardó un año en gestionar las solicitudes, ahora no va mucho mejor, la media son 5 meses y medio que se pierden en una auténtica maraña burocrática, aunque todavía hay casos en que casi dos años después, no han recibido ninguna respuesta. Haraldo Dalander no tiene reparo en asegurar que todo ha sido una auténtica improvisación y falta de organización: “se ha dotado de procedimientos sobre la marcha, reconversiones en unos casos automáticamente, otras de manera manual, modificaciones a las que nos hemos tenido que adaptar poco a poco, casi como “prueba y error”. Cada variación ha sido un autentico caos “conforme nos viene el problema, acudimos a los compañeros que están en la Dirección Provincial y, a partir de ahí, nos enteramos de nuevos criterios”. Y poco personal, muchas jubilaciones sin reponer o con trabajadores eventuales que no tienen formación “podía haberse hecho de otra manera formando al personal y explicando las previsiones y los cambios, y tenerlo todo cerrado para poder trabajar con eficacia”.

Expedientes perdidos entre provincias

El cruce de datos con la Agencia Tributaria es un auténtico engorro, y los datos no coinciden con los que se presentan porque son de periodos temporales diferentes. Puede ser que un solicitante cumpla ahora todos los requisitos, pero hace un año, con la anterior declaración de la renta quedaría fuera del subsidio. Otra medida implantada por el ministerio de Escrivá para acabar con el “tapón” es que el expediente se envía a la oficina que está más desahogada aunque sea de otra provincia, es la llamada deslocalización, y lejos de aligerar el sistema lo ha complicado más.

2 meses para cobrar una pensión de jubilación

Todo el sistema de prestaciones está cayendo como un castillo de naipes empujado por el colapso del IMV. Cobrar una incapacidad temporal, lo que conocemos como una baja por enfermedad, lleva dos meses. “Desde que se solicita y dejas de cobrar de tu empresa hasta que comienzas a cobrar del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) estás dos meses sin ningún ingreso”. También las jubilaciones se están retrasando, un trámite que se realizaba en 8 días, ahora lleva dos meses y medio.