Pagamos más impuestos porque pagamos más caros los productos. La inflación ha provocado un aumento de los precios que se han visto reflejados en último dato del IPC, el del mes de agosto, situado en el 10,5%. A pesar de ser tres décimas menos que en el mes de julio, nuestra vida continúa siendo un 10% más cara. Lo que más sube son los alimentos. Un 13,8 % en concreto en un año. La leche cuesta hoy más de una cuarta parte de lo que costaba el pasado año. Pero también el aceite de oliva, el pollo o los huevos.

Todo ello significa que el Estado percibe proporcionalmente más dinero como parte de la compra de estos productos. En otras palabras, como el impuesto sigue siendo de un 10% y el precio crece, es más alta la cantidad de euros que se obtiene en tributos por el mismo producto. Esto en el caso de los alimentos, pero en el resto de productos el impuesto es del 21%.

Los ingresos de las arcas públicas hasta julio de 2022 han crecido un 18%. Uno de los impuestos que más ha reflejado un aumento en la cotización ha sido el IVA. Ha dejado en la Agencia Tributaria más de 52.000 millones de euros, un 17,8% más que el año pasado. El IRPF también ha conseguido un aumento considerable. Al recaudar casi 70.000 millones de euros, ha subido un 17,4%.

Como algunos salarios han subido como consecuencia de la inflación, los beneficiados por este aumento deben tributar a un tipo más elevado. Sin embargo, como no hay un aumento de poder adquisitivo real, ya que los precios también suben, algunas Comunidades Autónomas como Murcia valoraron la posibilidad de deflactar los tipos. Esto significa vincular al IPC los escalones que determinan cuánto porcentaje del sueldo hay que ceder al Estado. Así, aunque aumente el sueldo, no habría que pagar más impuestos porque se considera injusto pagar más si no aumenta el poder adquisitivo.

El enriquecimiento de las arcas públicas no siempre han vuelto a la población. Hay varias ayudas, pero no suficientes. El profesor de macroeconomía de la Universidad CEU San Pablo, Juan Ignacio Cáceres explica que la subvención de veinte céntimos al carburante ha absorbido “algo menos del 50% del ingreso extraordinario obtenido por el IVA”. Esto significa que el esfuerzo que ha tenido que hacer el Gobierno para reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido de la electricidad y el que quiere hacer al gas “no supone un gasto extraordinario al Gobierno” porque “le sigue saliendo un balance positivo”, aclara Cáceres.

Otra de las medidas gubernamentales es la del abono de viajeros frecuentes. Esto supone un descuento en Renfe e incluso la gratuidad de los servicios de Cercanías, Media Distancia y Rodalies. Cáceres calcula que “el coste va a suponer unos 600 millones de euros al año” y que “queda dinero más que de sobra para sufragar” este servicio con los ingresos extraordinarios. En opinión del profesor, para atraer a viajeros a este servicio, es preferible una “mejora de infraestructuras ferroviarias para los individuos”, para así hacerlo más apetecible. “Porque si no mejora el tiempo del servicio del trayecto en tren ni la frecuencia, realmente aunque el billete de tren baje de precio sigue ofreciendo un bien inferior al transporte privado”, explica el profesor. Y apuntilla que “además esta mejora perduraría durante muchos años”.

A pesar de estos aumentos en las arcas públicas, “seguimos en una situación de déficit”, detalla el académico. Tenemos una deuda de más del 116% del PIB y calcula que en lo que va de legislatura “el incremento en el volumen de deuda ha sido entorno a unos 26.000 millones”. Lo que dibuja un pasivo, que en palabras de Cáceres, está en unas “cifras astronómicas”. Cada ciudadano español debe hoy más de 30.000 euros.

El profesor declara que “para reducir la deuda o aumentas los impuestos o reduces los gastos” y la opción del Gobierno de Sánchez ha sido clara, como expone Cáceres: “Solo plantea subir los impuestos”. Duda de la eficacia de los nuevos tributos que quiere aplicar el Ministerio de Hacienda: “Como si los ricos fueran bobos". El economista opina que los que más aglutinan "tienen unas estructuras fiscales que, dentro de la legalidad, les permite pagar menos”. Al final, sentencia el académico, “a quién van a perjudicar más es a las clases medias del país”.