Los colectivos de pensionistas de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra han llevado ante el Congreso sus exigencias para el sistema público de pensiones, que pasan por volver a vincular por ley la revalorización de estas prestaciones, al menos, con la inflación.

Según el manifiesto que han llevado este miércoles una representación de estos colectivos a la Cámara Baja, exigen equiparar la pensión mínima al actual salario mínimo de 900 euros y llevarla a 1.080 euros en 2020, con un salario mínimo de 1.200 euros.

Asimismo, reclaman la derogación definitiva del factor de sostenibilidad, medidas efectivas para acabar con la brecha de género, una auditoría social de las cuentas de la Seguridad Social y dotar a este sistema de recursos necesarios para asegurar el futuro del sistema público de pensiones.

LAS MOVILIZACIONES SEGUIRÁN

"Hasta donde no estén conseguidas (estas reivindicaciones), vamos a seguir con nuestras movilizaciones", ha alertado Jon Fano, representante del colectivo de pensionistas de Vizcaya, asegurando que en el País Vasco "hay voluntad unánime de seguir todos los lunes haciendo concentraciones", y antes de las elecciones "llevar a cabo movilizaciones más poderosas".

Preguntado por las implicaciones que tiene la falta de acuerdo en el Pacto de Toledo, Fano ha declinado valorar las diferentes posiciones, pero ha lamentado que se planteara un retraso de la edad legal de jubilación y se extienda a toda la vida laboral el cálculo de la pensión "Lo que más nos preocupa es lo que ya temíamos", ha dicho, criticando estas propuestas como "presiones que en nada favorecen lo que estamos reclamando".