Los gministro de Energía de la Unión Europea han tardado una hora en ponerse de acuerdo sobre las medidas de emergencia para abaratar las facturas de la luz que pasan por: una reducción del consumo de electricidad, un tope a los ingresos de las renovables, la nuclear y el carbón, y un impuesto a las petroleras.

Los responsables de la política energética de los Veintisiete han aprobado "sin cambios" el último borrador que había llegado a la mesa, en el que las delegaciones llevaban trabajando varias semanas.

El acuerdo político fija una reducción de consumo de electricidad del 10 % respecto a la demanda habitual con una reducción obligatoria del 5 % en las horas pico donde el precio es más alto, pero con flexibilidad a los Estados miembros para que calculen esos tramos. El reglamento, que se tramitará de manera oficial a lo largo de los próximos días y entrará en vigor a continuación, fija ese ahorro de electricidad entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Se trata de la única medida de las tres pactadas que afecta directamente a España, pues en lo relativo al impuesto y al tope a las generación con tecnologías inframarginales (renovables, nuclear y lignito), los países que ya tengan o vayan a aprobar iniciativas similares podrán preservar sus propios diseños.

Se gravará un 33 % los beneficios extraordinarios a las energéticas

Con respecto a la "contribución de solidaridad" de la UE, gravará un 33 % de los beneficios extraordinarios de empresas petroleras, gasísticas y del sector de la refinería. Dichas ganancias quedan definidas como los beneficios que superen el 20 % de la media registrada en los últimos cuatro ejercicios.

La redacción final del texto concreta que este impuesto podrá gravar los beneficios extraordinarios tanto de 2022 como de 2023 después de que países como Suecia pidieran incluir el próximo año porque su legislación impide aprobar impuestos que graven ejercicios en curso.

A diferencia del europeo, la medida en trámite en España grava con un tipo del 1,2 % los ingresos anuales de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras.

Por otro lado, el tope a las tecnologías inframarginales dentro del mercado mayorista de la electricidad pactado en la UE se establece en 180 euros megavatio/hora (MWh), pero deja la puerta abierta a que los países lo sitúen por debajo (España lo tiene en 67 euros) o incluso por encima si alguna tecnología tiene unos costes de producción superiores.

Los ingresos que generan ambas medidas (el impuesto a las petroleras y el tope a los ingresos en las subastas de electricidad) serán destinados a desarrollar medidas de apoyo para los hogares y las empresas más afectados por la crisis energética.

España, "decepcionada" con ideas para el gas de Bruselas: "se quedan cortas"

En donde no se ha encontrado un punto en común entre los ministros de Energía de los 27 países de la UE es en la intervención sobre el mercado del gas.

Quince Estados miembros, entre ellos España, han pedido limitar el precio de todas las importaciones de gas, no solo las rusas, pero Bruselas advierte en un documento de los peligros que provocaría una decisión así y cree que no se debe tratar a países como Argelia o Noruega igual que a Rusia.

La ministra española, Teresa Ribera está de acuerdo con este hecho, pero recalca que "tampoco es razonable mirar para otro lado cuando hay muchas operaciones que se están cerrando a precios que no tienen nada que ver ni con los costes de producción ni con los precios que se pagan al proveedor". Por ello, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha dicho estar "decepcionada" con las propuesta que la Comisión Europea ya que "se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita".

"Venimos diciendo que es importante tomar medidas conjuntas para evitar la distorsión de cada uno haciendo lo que puede. Alemania reaccionando a problema serio" porque sus comercializadoras de gas tienen contratos basados en precios anteriores a la crisis que no pueden cumplir y "estarían en riesgo de quiebra".