El Tribunal de Cuentas ha detectado en uno de sus informes de fiscalización que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pagó en 2016 pensiones no contributivas a 1.096 personas que ya habían fallecido, superando el importe global de las nóminas abonadas indebidamente los 11 millones de euros.

¿Qué ha ocurrido para que se hayan estado pagando 1.000 pensiones a personas ya fallecidas? La respuesta es que la administración no tiene constancia de la defunción. O los familiares no lo han comunicado al registro, por lo que han cometido un delito, o algo ha fallado en la correa de transmisión. La defunción la certifica un médico y debe inscribirse en el registro civil. Normalmente lo hace la familia, pero si no lo ha hecho, esa información llega al ministerio de Justicia también por otros cauces, como hospitales, tanatorios, cementerios... por lo que el error viene de que las administraciones no han cruzado datos. Y Mientras no se tenga constancia del óbito, la orden de pago sigue vigente ante los bancos, y se sigue pagando.

COPE se ha dirigido a la Seguridad Social donde principalmente lo que nos dicen es que la responsabilidad es de las Comunidades Autónomas, son quienes gestionan los pagos de las pensiones no contributivas, y el IMSERSO se limita a desembolsar el dinero. “En relación a las pensiones no contributivas -asegura a COPE un portavoz del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social- el control corresponde a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas liquidan el coste de las pensiones no contributivas con el IMSERSO, quien efectúa la transferencia correspondiente con cargo a las transferencias efectuadas a través de los Presupuestos Generales del Estado”. No nos consta que vayan a reclamar un mayor celo a las CCAA, a pesar de que el agujero es en la caja de la administración central. Sí apuntan que los bancos deben hacer comprobaciones cada año de que el pensionista sigue vivo.