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La OCU denuncia "la mala práctica" de los bancos de pedir la declaración de la renta

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante el Banco de España la "mala práctica" de algunos bancos de pedir a los clientes su declaración de la renta, en la que figuran datos personales (estado civil, minusvalías o pertenencia a sindicatos), preservados por la ley de protección datos.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:35

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante el Banco de España la "mala práctica" de algunos bancos de pedir a los clientes su declaración de la renta, en la que figuran datos personales (estado civil, minusvalías o pertenencia a sindicatos), preservados por la ley de protección datos.

La OCU asegura que los bancos abusan de esta petición de información personal de los usuarios, tras realizar una encuesta a sus socios, que revela que a uno de cada cinco miembros su entidad bancaria le había solicitado datos extra sobre su situación financiera y a prácticamente la mitad, la declaración de la renta.

Sólo a un tercio de los usuarios le pareció adecuada la petición, mientras que los dos restantes lo entendieron como improcedente y excesivo. Sin embargo, a pesar de ello, el 91 % accedió y envió su declaración.

Lo alarmante para la OCU es que de los usuarios que no accedieron a enviar nada, a diez de ellos les bloquearon la cuenta corriente.

La organización ha denunciado esta "mala práctica" al supervisor bancario, pero el Banco de España -sostiene- la considera adecuada y no ha cambiado su postura, a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 le prohibió exigir a sus propios trabajadores la entrega de la declaración del IRPF en procesos de verificación de operaciones financieras privadas por vulnerar el derecho a la protección de sus datos personales.

Sin embargo, para la organización la petición de la declaración de la renta en la mayoría de los casos no supera el triple juicio constitucionalmente exigido de ser "idónea, necesaria y proporcionada".

Por ello, reclama que se reforme la ley para que la solicitud de cualquier documentación complementaria que vaya más allá de su mera identificación esté restringida y pueda hacerse solo cuando las actuaciones del cliente -por su volumen, destino o naturaleza- estén tipificadas como sospechosas de blanqueo u otras actividades ilícitas.

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