Izquierda Unida (IU) ha reclamado este miércoles al Gobierno que la Fiscalía de la Audiencia Nacional inicie acciones penales contra directivos y empleados de CAF que participen en la construcción del tren ligero en Jerusalén.

Según señala IU en una batería de preguntas registrada en el Congreso, y recogida por Europa Press, este proyecto "vulnera claramente la legalidad internacional al expropiar "terrenos palestinos bajo ocupación israelí" para la construcción de un tren que enlazará "el terreno ocupado con asentamientos ilegales de la potencia ocupante, según el Derecho Internacional".

Para esta formación, integrada en la Cámara Baja en el grupo de Unidas Podemos, al participar en el proyecto CAF no respeta el Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados ni los derechos humanos.

Según explica su diputado Enrique Santiago, autor de la iniciativa, la empresa CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), asentada en Beasain (Guipúzcoa), ha resultado adjudicataria para este proyecto dentro de un consorcio que integra con la constructora israelí Shapir.

Santiago pregunta en su escrito al Gobierno si va a llevar alguna actuación para que "impida o disuada" la participación de esta empresa en el proyecto, si iniciará acciones legales contra directivos y empleados que sean partícipe del mismo, y si tiene información o mecanismos de vigilancia sobre posibles violaciones del derecho penal o de los derechos humanos por empresas españolas en el extranjero.

Por otro lado, pregunta si va a informar a CAF que, "además de estar cometiendo un delito contra los bienes y personas protegidas en caso de conflicto armado" en virtud del propio Código Penal, sus directivos "podrán ser perseguidos en los tribunales españoles por dicho delito".