La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras (Cartagena).

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia, la acusación pública solicita 11 años y 6 meses de prisión para el que fuera presidente regional y hasta 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, penas que la acusación popular eleva a 15 años de prisión y al pago de una multa que ascienda al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado.

Además, se requiere al expresidente murciano una fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse, y en caso de no atender a ese requerimiento, según determina la ley de enjuiciamiento, se le embargarán sus bienes por ese importe.

Se trata de las segundas diligencias abiertas en este caso, que tienen su origen en las instruidas en el juzgado número 5 de Murcia, y, aunque el procedimiento fue archivado en enero de 2021, volvió a reabrirse tras un recurso de apelación del Ministerio Fiscal, al considerar la magistrada que el investigado podría haber favorecido un proyecto que "parece conculcar directamente la Ley de Aguas, llevado a cabo sin la existencia de informes técnicos ni de fiscalización económica necesaria".

El escrito de acusación presentado por el fiscal hacía referencia a la adquisición de la desaladora con enormes sobrecostes", a "la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los ayuntamientos", y a "la anticipación de compra del 39% de acciones de la desaladora en junio de 2010, desligando a la parte privada de la ruina del proyecto" y "derivando la carga financiera a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

En este sentido, la CARM, como actor civil, ha solicitado la apertura de juicio oral y ha exigido la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, cantidad que también solicita el Ministerio Fiscal y que equivaldría a la diferencia económica existente entre los parámetros económicos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contratación o concesión administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la fórmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros, señala el auto.

Y aclara que, esa cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucción número 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que están imputados un total de 17 personas físicas y 7 mercantiles como responsables civiles subsidiarias.

La primera investigación sobre la desaladora de Escombreras se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina "parte pública"; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o "parte privada".

También fueron investigadas las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.

El segundo procedimiento, dirigido contra el expresidente, se centra en que el investigado, como presidente de la Región de Murcia, conocía sus obligaciones y era garante del cumplimiento de la legalidad y de todos los pasos que condujeron a la adquisición de la desaladora, en los que intervino por acción u omisión, cooperando a su ejecución.

Por todo ello, la magistrada ha acordado la apertura del juicio oral y ha impuesto una fianza de 74.194.332,55 euros, aunque Valcárcel "podrá exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado" puesto que esta causa está ligada con el devenir de las diligencias previas del juzgado de instrucción número 5 de Murcia.

El auto, contra el que no cabe recurso, declara a la Audiencia Provincial de Murcia, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.