La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Manuel García Castellón que permita a todos los presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo el acceso "en su totalidad" a todas la diligencias de la causa en las que se les ha investigado, "sin limitación alguna" y una vez se levante el secreto.

La sección segunda de lo Penal ha admitido así el recurso que interpusieron algunos de los investigados contra la decisión de García Castellón de entregarles únicamente a cada uno la parte de la causa que les afecta en particular y no en su totalidad, y en lo que se refiere exclusivamente a las diligencias anteriores al 3 de septiembre de 2019, acceso que se facilitaría díez días antes de que se decrete la conclusión del sumario.

En contra de lo dispuesto por el magistrado, la Sala entiende que, cuando se alce el secreto, "todas" las partes deben tener acceso "en su totalidad" e "íntegramente", a las diligencias previas 104/2017 "hasta como mínimo la fecha en que estas derivaron" en la pieza número 1, así como de las diligencias previas 99/2018 hasta el 3 de septiembre de 2019, fecha en que se abrió la pieza separada número 2, y por un plazo "no inferior" a los diez días antes de la conclusión del sumario.

"No podemos sino reiterar, ya por tercera vez, que el acceso a las diligencias citadas, una vez se alce el secreto de las mismas, deberá ser de todas y cada una de las diligencias realizadas, afecten o no a las personas de los investigados, en su integridad y sin limitación alguna, a salvo de la referida al límite temporal ya referido , lo que supone la estimación del recurso interpuesto", destaca la Sala en su auto, al que ha tenido acceso Efe.

Efectivamente no es la primera vez que esta sección se pronuncia en contra de la negativa del juez a entregar a los imputados parte de las diligencias de esta investigación.

Así el pasado enero, la Audiencia Nacional ordenó a García Castellón que permitiera a los trece presuntos miembros de los CDR procesados acceder a los archivos originales de "todas las escuchas telefónicas" que se dieron.

La Sala consideró entonces que la petición de conocer "el contenido íntegro" de las conversaciones que grabó la Guardia Civil "es conforme con el derecho a la defensa" de los investigados, a quienes únicamente se facilitó la transcripción de los agentes.

Al revocar este auto, los magistrados permitieron, además del acceso íntegro a las escuchas sin editar, la certificación de las resoluciones donde se acordaban las intervenciones telefónicas, la instalación de dispositivos de escuchas, las balizas de seguimiento u otras intervenciones de comunicaciones y movimientos de los investigados.

El pasado septiembre, García Castellón propuso juzgar por un delito de terrorismo a trece presuntos miembros de una facción radicalizada de los CDR que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales, en respuesta a la sentencia del "procés" en 2019.