La cifra de fallecidos provocada por el coronavirus en nuestro país sigue generando muchas dudas. Este miércoles, por undécimo día consecutivo, el número de defunciones continúa congelado y Sanidad y las comunidades autónomas siguen sin ponerse de acuerdo en esta contabilización. La cifra no se mueve los 27.136 fallecidos.

Los diferentes organismos autonómicos han notificado en la última semana un total de 30 fallecidos, cinco más de los registrados el pasado martes. La Comunidad de Madrid ha registrado siete y Cataluña, cinco. Castilla y León, por su parte, ha reportado cuatro; Andalucía, tres; País Vasco y Asturias, dos, y Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, una cada una.

Importantes diferencias respecto al registro de otras instituciones

Esta cifra está provocando cierta preocupación entre las comunidades autónomas y entre muchos expertos que expresan su temor a que el número de fallecidos por el impacto de la pandemia en nuestro país augure una cifra muy superior a la que está haciendo públicas. En palabras de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el pasado 3 de junio señaló que cuando el Ministerio de Sanidad terminase de hacer el conteo la cifra total de fallecidos podría ascender a las 28.000 o las 29.000 personas.

El cambio de conteo que Sanidad aplicó a finales del pasado mes de mayo ofrece un panorama con muchas dudas sobre el impacto real de la pandemia, ya que existen muchas contradicciones entre los registros de las comunidades autónomas aportados a Sanidad y los conteos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el Instituto de Salud Carlos III, que aportan un número de defunciones por COVID-19 mucho mayor. El INE eleva a 48.000 los fallecidos y el Instituto Carlos III llega a situar el número de muertos en 43.000.

Simón e Illa se refugian en las pruebas que se realizaron a los fallecidos

El pasado martes, Simón explicó en rueda de prensa que el Ministerio de Sanidad está intentando determinar, junto a las comunidades autónomas, si las pruebas que se realizaron a los fallecidos era PCR o un test de anticuerpos, ya que en la ficha de defunción no aparece esta dato y la muerte si fue registrada por la comunidad autónoma pertinente sin especificar esta circunstancia.

Sanidad solo contabiliza los fallecidos con una prueba PCR positiva previa, no haciendo caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que recomiendan añadir también los 'casos sospechosos' con síntomas compatibles con el Covid-19. Sin embargo, y a pesar de no seguir estas recomendaciones, el Gobierno siempre ha indicado, incluso en boca de Pedro Sánchez, que se basa en las "definiciones de caso" de la OMS y del ECDC para realizar sus informes.

Otras de las principales dudas entre la contabilidad llevada a cabo por Sanidad y el de las diferentes comunidades autónomas se centra en los requisitos que cada institución establece a la hora de contabilizar o no estos fallecimientos. Por ejemplo, Madrid anotó 704 fallecimientos entre el 27 de mayo y el 11 de junio, entre los que incluía a los 'sospechosos' y a los que ocurrieron fuera de los hospitales. En este sentido, Si solo se tuvieran en cuenta los que se produjeron en estos centros, la cifra bajaría a 522.

La polémica ha llegado también al Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. En esta dirección las tres preguntas al presidente del Ejecutivo han sido sobre este asunto. Pero el Gobierno sigue delegando la competencia al equipo coordinado por Salvador Illa y por Fernando Simón.

Los medios internacionales se hacen eco de los dudosos datos de España

Pero esta polémica incluso ya ha despertado el interés fuera de nuestras fronteras y son varios los medios de comunicación internacionales que han preguntado por esta cuestión a diversos miembros del Ejecutivo en las ruedas de prensa que se realizan en el Palacio de la Moncloa. Las últimas cuestiones fueron dirigidas a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que defendió la exactitud y la fiabilidad del sistema de registro nacional, a su juicio el "más garantista y más transparente a nivel nacional".

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"Los datos estadísticos tienen que ser fiel reflejo de cómo se está produciendo en este momento la circulación del virus", ha manifestado Montero, que en lugar de referirse al número total de víctimas de la enfermedad ha ahondado en confusas explicaciones sobre las motivaciones del sistema de registro que sigue Sanidad. "Una vez que termine esta situación de pandemia se podrán incorporar a todos los datos todo lo que se hace en los estudios epidemiológicos respecto a la mortalidad indirecta o respecto a cualquier otro factor que se entienda que puede ser de interés para hacernos una idea de cuál ha sido la dimensión global de una pandemia como esta", señaló la ministra

No es la primera vez que los medios internacionales cuestionan los datos de España y en este sentido han preguntado en las videoconferencias. Como fue la famosa pregunta el pasado mes de mayo sobre los datos de la Universidad Johns Hopkins sobre el número de test que se hacía en España.

"Los datos erróneos arrojan nubes sobre la estrategia de cierre de España", así titulaba a principios de junio una información el Finacial Times, señalando que los datos aportados por el Gobierno no eran nada claros: "La confusión, en uno de los países más afectados por la pandemia, subraya lo que los expertos dicen que es un gran desafío mientras España relaja su bloqueo: la impresión errónea de que la amenaza del coronavirus ha pasado, lo que podría alentar a la gente a comportarse de manera imprudente", explicaba el medio subrayando una importante sensación de duda en el extranjero respecto al impacto real de la pandemia en España.