La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra la designación de Alvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.

Según explica la asociación en un comunicado, han presentado el recurso después de que en su congreso, celebrado el pasado noviembre, se concluyera que "el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente".

García Ortiz, denunciaron, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias".

Por ello consideran que "no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado y no del Gobierno".

Para la APIF, aunque García Ortiz reunía el requisito exigido por la ley para ser nombrado al ser "jurista de reconocido prestigio", éste decayó en el momento en que el Tribunal Supremo apreció desviación de poder en el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala.

También está pendiente, recuerda la asociación de fiscales, que se resuelva el recurso contra el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Reprochan asimismo a García Ortiz que no haya impedido que el Consejo Fiscal emita el dictamen solicitado por el Senado sobre la ley de amnistía y rescatan el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no lo consideró idóneo para el cargo.

"No puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fiscal general del Estado, cúspide del Ministerio Público, que éste queda dentro o en la órbita del Ejecutivo", zanja el comunicado.