Las federaciones vecinales de Madrid y Barcelona, junto a Facua, han solicitado la "intervención urgente" del Defensor del Pueblo que actúe ante el "descontrol" en las terrazas por las normativas elaboradas por los gobiernos municipales de ambas grandes ciudades.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), la Federació d'Associacions Veïmals de Barcelona (Favb) y Facua han realizado una rueda de prensa conjunta vía telemática en la que han explicado los motivos por los que solicitan al Defensor del Pueblo su investigación sobre las ordenanzas de terrazas.

Así, las federaciones han coincidido en que las normativas llevadas a cabo por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (PP), y su homóloga en la ciudad condal, Ada Colau (En Comú), han hecho que las terrazas se hayan apropiado del espacio público, con los consiguientes problemas de salud provocados por el ruido o la invasión de las calles.

No sólo eso sino que también vulneran la Constitución Española al no respetarse los derechos fundamentales de la integridad física, descanso e intimidad, la protección de la salud y el medio ambiente, al igual que la accesibilidad o no discriminación.

Las terrazas hacen nuestras ciudades más difíciles y mucho menos amables. En ninguna plaza se puede sentar a disfrutar de un libro o que los niños jueguen. Es dificilísimo caminar porque las mesas no dejan ni un metro de pasillo y, si tienes discapacidad de movilidad o eres ciego, caminar se convierte en una yincana, ha defendido el presidente de la Fravm, Quique Villalobos.

Además, han añadido que en "bastantes zonas" de ambos municipios, la hostelería y la restauración se han convertido en un "monocultivo económico" que está acabando con el resto de las actividades comerciales como papelerías o tiendas de alimentación.

"Esta situación de las actividades recreativas suelen venir ligadas a la terciarización y al fenómeno de la turistización del centro de las ciudades", han apuntado en su denuncia al Defensor del Pueblo, al igual que han hecho hincapié en la proliferación de las cocinas fantasmas.

Los representantes de ambas ciudades han coincidido en el diagnóstico de la problemáticas en el uso del espacio público tanto en Madrid como en Barcelona, a pesar de las legislaciones no sean las mismas, pero han recalcado que piden ayuda a la Defensoría del Pueblo porque es la única que les puede defender frente a la administraciones que, en el caso de Madrid, se ha hecho ad hoc para beneficiar a la hostelería.

Así, solicitan al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que si tras sus pesquisas se vislumbra la vulneración de los derechos de los ciudadanos "proceda a remitir advertencias de ello a las autoridades municipales a fin de que cesen en esa actitud permisiva y cómplice, y adopten las medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras para garantizar los derechos".