El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado con el voto favorable del PP, Cs y Vox la reforma de la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que sustituirá buena parte de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables, con el fin de liberalizar el sector inmobiliario y reactivar el tejido productivo dañado por la COVID-19.

Se trata de la primera ley aprobada por la Asamblea en los más de trece meses de recorrido de la presente legislatura, y ve la luz tras tramitarse por lectura única, es decir, sin opción a presentar enmiendas, lo cual ha provocado las críticas de los partidos de la oposición.

De hecho, varios diputados de Más Madrid y Unidas Podemos han salido del hemiciclo en el momento de la votación, intentando forzar así que no hubiera el quórum necesario.

Sin embargo, el presidente de Ciudadanos, Juan Trinidad (Cs), ha rechazado las reclamaciones de ambos partidos en este sentido, y les ha reprochado haber intentado una "artimaña" para invalidar la votación, lo que ha originado una bronca en el hemiciclo.

Esta modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, introduce como principal novedad la sustitución de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables en las obras de menor entidad.

Así pues, bastará una declaración responsable para realizar obras de edificación de nueva planta "de escasa entidad constructiva y sencillez técnica", las ampliaciones o reformas "que no produzcan una variación esencial" en el inmueble, o para la primera ocupación.

También servirá para los actos de agrupación de terrenos, los cerramientos de parcelas, las demoliciones de inmuebles sin protección ambiental o histórico-artística, la colocación de vallas, rótulos y otros elementos de publicidad exterior, los cambios de uso que no modifiquen el "uso característico" del edificio, la instalación de casetas prefabricadas o los trabajos previos como catas y prospecciones.

Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable, actuaciones como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

Los ayuntamientos, encargados del control a posteriori, deberán regular por ordenanza en el plazo de un año el contenido y el modelo de estas declaraciones responsables, que habilitan la realización de la actividad urbanística desde el día de su registro.

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha defendido que la reforma dará "mayor capacidad de acción a inversores y empresarios" en un sector que, ha destacado Martín, tiene "un claro efecto multiplicador" y será "clave para la reactivación económica".

Y ha asegurado que no busca fomentar "la especulación" ni "favorecer intereses privados", sino evitar que el sector "siga enredado en trámites burocráticos que le restan flexibilidad".

Durante el debate han arreciado las críticas tanto al contenido de la reforma como a su tramitación por lectura única.

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El diputado del PSOE Rafael Gómez Montoya ha rechazado que "generar más inseguridad jurídica" sea "la medida más adecuada para reactivar la economía", y ha subrayado que, si bien es partidario de "facilitar la actividad económica", no quiere abanderar "una burbuja inmobiliaria".

Y ha avisado de que el PSOE estudiará los posibles "recursos judiciales individuales" a interponer contra la decisión de tramitar la norma por lectura única.

El diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez opina que el hecho de que esta sea la primera respuesta legislativa de la Comunidad a la pandemia demuestra que "su prioridad no es la salud", sino "el negocio", y ha lamentado que "la propuesta económica de Ayuso en la primera pandemia del siglo XXI" consista en "ladrillo, toros y bajarle más los impuestos a los que más tienen".

Desde Unidas Podemos, el diputado Javier Cañadas ha acusado al Gobierno de aprovechar "el 'shock' en el que se encuentra actualmente la sociedad" para impulsar una reforma "por la puerta de atrás" y evitando el "debate político". EFE

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