Unidas Podemos sigue presionando al PSOE para implantar sus propuestas. Una serie de iniciativas y medidas que han utilizado Barcelona, y el poder de la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, para probar a nivel local sus intenciones nacionales. Eso sí, no siempre con un buen resultado.

La última propuesta ha venido servida por la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien ha anunciado que "va a producirse una reserva de todas las nuevas promociones del 30 por ciento para vivienda protegida", aseguró en una entrevista radiofónica. "De ese 30 por ciento, la mitad va a ser alquiler social", añadió. Belarra quiso explicar, a continuación, que con esta nueva medida "toda nueva construcción, ya sea pública o privada, se va tener que reservar el 30 por ciento para vivienda protegida". A su juicio, se trata de una medida que va a servir para construir sociedades "más igualitarias, más libres y más felices".

En otras palabras, si un promotor o empresario desea llevar a cabo cualquier tipo de construcción de viviendas, sean del tipo de que sea, un 30 por ciento del total de las propiedades deberán ser cedidas enteramente al Gobierno, para lo que deberán ser viviendas protegidas. Esta medida, que nunca antes se había aplicado a nivel nacional, sí tiene antecedentes, precisamente, en la ciudad de Barcelona. Los resultados, eso sí, no fueron especialmente positivos.

Ada Colau y el 30 por ciento de las nuevas construcciones destinadas a vivienda social

A principios del año 2019, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la obligación para los promotores y empresarios de reservar un 30 por ciento de todas las promociones inmobiliarias en la ciudad para vivienda social.

Tan solo siete meses después de la aprobación, a principios de agosto tan solo se habían recibido algo más de 60 solicitudes de licencias de obras para bloques residenciales que superaban los 600 metros cuadrados. La reducción en el número de solicitudes de licencias para llevar a cabo nuevas promociones inmobiliarias, sacaba a relucir la realidad que promotores y abogados urbanísticos habían vaticinado.

De hecho, y ante el cambio de normativa urbanística, la Asociación de Promotores de Cataluña emitió una circular entre todos sus socios en las que pedían que se emitieran "certificados de aprovechamiento urbanístico", con lo que los promotores trataban de blindar los derechos de edificación que había en vigor antes de estas nuevas condiciones. ¿Qué significa esto? Que habían instado a todos sus socios a aprobar las actuaciones urbanísticas antes de que se aprobara y entrara en vigor la ley. Por ello, la construcción no se veía bajo la obligación de ceder las viviendas. De esta forma, conseguían rentabilidad a las inversiones que habían hecho comprando este terreno sin necesidad de incluir el precio tasado de las viviendas protegidas.

Poco después, el Colegio de Arquitectos de Barcelona aseguró que el número de visados había caído más de un 46 por ciento durante el primer semestre del año 2019. Viendo los antecedentes en la ciudad de Barcelona, no cabe más que preguntarse: ¿por qué aún sabiendo que es una medida que no funciona, quiere implantarse a nivel nacional?

Barcelona Eléctrica, la empresa pública que Podemos quiere implantar a nivel nacional

La propuesta la conocimos a principios de junio de este mismo año, cuando Unidas Podemos anunció que estaba trabajando en una propuesta para crear una empresa pública de energía como fórmula para reducir el recibo de la luz. Una medida que se saldó con una nueva pugna en el Gobierno: en agosto, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no cerraba la puerta a esta posibilidad. Semanas más tarde, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, rechazaba la propuesta.

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Por ahora solo podemos hablar de una simple propuesta, pero lo cierto es que nunca podemos cerrar la puerta con que llegue a buen puerto. En cualquier caso, y una vez más, para comprobar que las propuestas de Unidas Podemos ya se han aplicado anteriormente en Barcelona, como una forma de testear los resultados, también podemos remontarnos a julio del año 2018.

Ada Colau quiso lanzar una empresa pública de energía, que operaría mayoritariamente en el Área Metropolitana de Barcelona, convirtiéndose así en la primera empresa completamente pública que ofrecía electricidad a precio de mercado.

Llegó con altas expectativas y terminó también estrellada. Para muchos, la historia de un fracaso. La compañía, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, apenas aglutina 3.000 clientes desde su creación y ni tan siquiera ha sido capaz de conseguir el respaldo de los votantes de Colau, quien quiso reducir los precios de electricidad.

Viendo los antecedentes y las consecuencias directas que han tenido este tipo de medidas en Cataluña, no cabe más que preguntarse si, realmente, las medidas que plantea Unidas Podemos podría tener un desenlace similar al que ha tenido en la Ciudad Condal. Lo único que sabemos, por ahora, es que será necesario esperar para saber si las propuestas terminarán por ser aceptadas y, en el caso de serlo, conocer cuáles pueden ser las consecuencias de las mismas.