Era marzo de 2012 cuando el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llevó a cabo su plan de reducir sustancialmente el número de escoltas asignados en España. Por aquel entonces, había un total de 2.890 efectivos pertenecientes a este cuerpo de seguridad. De ese total, 2.101 eran agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y 789 de empresas privadas a sueldo del propio Estado. No había pasado ni siquiera un año del anuncio de fin de la violencia por parte de la banda terrorista ETA, con lo cual, el nivel de protección era muy elevado. Se daba protección a 613 políticos, ex altos cargos, jueces y también víctimas del terrorismo.

A partir de ese mes de marzo, Interior tomó la decisión de reducir casi a la mitad el número de personas con escolta en España, de 613 a 333. La medida no estuvo exenta de polémica, ya que lo de ETA aún era reciente y todavía tenían en posesión numerosas armas y explosivos en su haber. Esta decisión provocó especial malestar en los jueces. Los magistrados denunciaron que, pese al fin de la amenaza terrorista, sus investigaciones seguían afectando a cuestiones complicadas como puede ser el narcotráfico o el crimen organizado. Y no solo eso, ya que también era una medida que dejaba sin trabajo a los propios escoltas.

En los listados de personas con escolta se encuentran miembros del Gobierno actual, algo habitual teniendo en cuenta la importancia del cargo. Pero también hay ex ministros que dejaron su cargo hace ya 20 años. Por otro lado, hay testigos protegidos y ex presidentes que, desde hace tiempo, prestan sus servicios -la gran mayoría de ellos- en compañías privadas.

Movimientos recientes en Cataluña

Los acontecimientos en los últimos años en Cataluña y la deriva nacionalista han provocado que el actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, esté barajando la posibilidad de retirar la escolta a ex altos cargos políticos para desplazar una importante partida allí. El ministerio entiende que el foco de conflicto a nivel nacional se ha trasladado a Cataluña, aunque la situación diste considerablemente de lo acontecido en los años duros de ETA, sobre todo en el País Vasco y Navarra. De hecho, uno de los argumentos más repetidos por Interior ha sido, precisamente, el fin de la violencia de ETA, y que no era tan necesario.

En los momentos posteriores a la detención de Carles Puigdemont -ahora en libertad-, Interior mandó a 20 efectivos de la Unidad Central de Protección a esta comunidad autónoma. La intención era reforzar la seguridad de jueces y políticos. También se reforzó el pasado 21 de diciembre, con medio centenar de escoltas enviados desde Madrid, que protegieron, especialmente, a los líderes de los partidos constitucionalistas en esta región. No se pudieron mandar muchos más por falta de efectivos actualmente.

En Cataluña hay, ahora mismo, alrededor de 200 personas que prestan este servicio, la gran mayoría pertenecientes a los Mossos d'Esquadra. Muchos de los que se enviaron como medida especial se han quedado allí.

Interior se está planteando este movimiento de ficha porque consideran que las personalidades públicas que en su día tuvieron escolta, ahora ya no la necesitan, sobre todo los ex altos cargos. Estos, prácticamente todos, se encuentran alejados de la primera línea de la política. También porque los tiempos y los conflictos son otros y no tiene nada que ver una época con la otra.