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La defensa de Griñán insinúa que el exinterventor "buscó" una posición "más benevolente" a costa de otro inculpado

La defensa de Griñán insinúa que el exinterventor buscó una posición más benevolente a costa de otro inculpado

Europa Press

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 20:20

Denuncia que la Fiscalía se basa en su informe final en una declaración "parcial" del Manuel Gómez para acusar al expresidente de la Junta, lo que vulnera derechos constitucionales

El abogado José María Mohedano, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los ERE, ha denunciado que la Fiscalía basa su informe final en una declaración "parcial y fragmentaria" del ex interventor general de la Junta, el también encausado Manuel Gómez, para acusar a Griñán, una declaración en la que "no se sabe si Gómez buscaba hacerse beneficiario de una previsión más benevolente de las acusaciones" a cambio de servir de prueba contra el expresidente.

Esta cuestión ha centrado gran parte de la intervención de Mohedano en la sesión de tarde de este martes en el juicio de los ERE, en la que ha dado comienzo a su informe final en la defensa de Griñán, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación.

Según Mohedano, la Fiscalía en la parte final de su informe señaló "lo que pudo y debió hacer" Griñán ante las irregularidades detectadas en el sistema de concesión de las ayudas, limitándose a reproducir parte de lo declarado por el coacusado Manuel Gómez ante el fiscal del Tribunal Supremo, en la causa especial, en mayo de 2015 "porque refleja la posición de esta Fiscalía".

Por ello, el abogado de Griñán ha planteado "vulneración, o si se prefiere, denuncia del principio acusatorio implícito en el derecho fundamental del artículo 24.2 de la Constitución en que incurre esta posición de la Fiscalía. La impugnación se basa en infracción de precepto constitucional por radical ausencia de contradicción que vulnera principios esenciales del proceso con todas las garantías, del derecho de defensa, del principio de igualdad, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lesión del derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Carta Magna y violación del principio acusatorio que prohíbe acusar y condenar por un hecho diferente del que no ha existido antes posibilidad de defenderse.

A su juicio, el nuevo relato fáctico sobrevenido en el informe final de la Fiscalía "asume fragmentariamente una declaración heteroincriminatoria de Gómez" que "adolece de indeterminación y falta de concreción que vulnera el principio acusatorio y el derecho del acusado a ser informado de la acusación, sin lo cual no se satisfacen las exigencias del derecho a un proceso con todas las garantías".

Admite que la declaración incriminatoria de un coimputado es prueba legítima desde la perspectiva constitucional, pero cuando se produce sin posibilidad de contradicción por parte de la defensa del acusado para poder cuestionar el testimonio de cargo y, en definitiva, sin contradicción, no puede utilizarse como hizo el fiscal.

En este sentido, ha indicado que "la prueba de cargo" de la Fiscalía contra Griñán ha sido la declaración de Manuel Gómez ante el Tribunal Supremo y su ratificación en este juicio, quien "no se acogió a su derecho a guardar silencio y a no contribuir a su propia incriminación, sino al contrario, se sometió al interrogatorio del fiscal, no se sabe si buscando hacerse beneficiario de una previsión más benevolente de las acusaciones a cambio, no se olvide, de servir de prueba de cargo contra el coacusado que no tuvo oportunidad alguna de interrogarle".

"Es cierto que en su posición de imputado no se le podía obligar a contestar, cosa diferente es la utilizabilidad de su testimonio por el Fiscal", ha advertido Mohedano, que también ejerce la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano en este juicio.

PROPÓSITO DE "EXCULPACIÓN A COSTA DE OTRO INCULPADO"

Para Mohedano, el relato del coimputado "no resulta en absoluto corroborado con el rigor que requiere una prueba", que ha calificado de "sospechosa", porque proviene de persona imputada que no está obligada a decir verdad --Gómez no estaba imputado en el momento que declaró en el Supremo--; "interesada, ya que de su contenido aflora el propósito de exculpación a costa de otro inculpado"; "sin calidad", ya que no se ha sometido al examen contradictorio de la defensa, medio imprescindible de garantizar la información; "aportada de forma parcial y fragmentaria", omitiendo la Fiscalía todo lo que a continuación declaró Gómez ante el fiscal del Tribunal Supremo y lo que en este juicio ha manifestado y lo que han declarado todos los interventores en esta vista oral; y por último, "contradictoria argumentalmente" con las propias afirmaciones e informes de los fiscales en este juicio.

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