Por el momento, la polémica reforma del CGPJ queda “paralizada”. Sánchez ha frenado esta medida tras los avisos de la UE y ha pedido a Casado negociar. “Vamos a parar el reloj a la espera de que ustedes se sienten y, después de dos largos años, se avengan a desbloquear la renovación del Gobierno de los jueces”, destacaba en el Hemiciclo hace unos días.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea señalaba tres condiciones para retomar el diálogo con el Gobierno en el escenario judicial: Retirar la reforma del PSOE-Podemos "contra la independencia judicial", despolitizar la elección del CGPJ y la Fiscalía y excluir a Podemos del proceso

Estas palabras llegan tras la advertencia que le lanzaba el Consejo de Europa al Gobierno. Ahí, le indicaban a Sánchez y a su equipo que su reforma se apartaba de las normas europeas.

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Sin embargo, esta politización del Consejo General del Poder Judicial viene de tiempo atrás. En la Constitución de 1978 ya se "quiso garantizar la independencia de los encargados de impartirla: los jueces y magistrados. Como prueba inequívoca de ello, no sólo reservó en su texto un lugar preeminente bajo el más que significativo título ‘del Poder Judicial’ sino que, además, quiso asegurarse de que esos jueces "independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley" (artículo 117.1 de la Constitución Española) fuesen inmunes a cualquier intento de intromisión política por parte de los poderes del Estado”.

Estas palabras textuales aparecen reflejadas en un manifiesto que firmaron cerca de 1.400 jueces en el año 2010 sobre la intervención de la política en el CGPJ. Una denuncia que llega hasta nuestros días.

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Asimismo, en la carta magna se establece en el artículo 122 que 8 de los 20 vocales del CGPJ los nombra el Congreso y el Senado mientras los otros 12 se elegirán “entre jueces y magistrados de todas las categorías”. Así aparece plasmado en la ley orgánica 1/1980 de 10 de enero.

Cambio legislativo durante el Gobierno de González: Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985

La polémica sobre la “intervención” del Gobierno en el Consejo General del Poder Judicial tiene su germen en el año 1985. Gobierno de Felipe González. En ese tiempo, el socialista promulgaba la Ley Orgánica del Poder Judicial que hacía oídos sordos a los jueces y magistrados de su derecho de elegir a 12 de los 21 miembros del CGPJ. Un cambio legislativo que fijaba que los 20 vocales los elegían a partes iguales ambas Cámaras. La reforma en cuestión de recogió en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y fue llevada a cabo por Felipe González y su gobierno.

Por aquel entonces, Fernando Ledesma como ministro de Justicia y Alfonso Guerra en la vicepresidencia.

Un giro muy criticado ya que supuso un retroceso respecto al modelo anterior. La modificación más relevante fue que todos los vocales pasaban a ser elegidos por las Cortes. Y una ley con vacíos, ya que no se especificaba cuántos miembros de cada categoría debían formar parte del CGPJ.

Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial se han manifestado de distintas maneras y con distintos niveles de intensidad, y la etapa de González fue una de las más destacadas en la historia de la democracia.

Asimismo, el ministro del Interior con Felipe González, Corcuera, no le gustaron las críticas de los jueces a la ley de seguridad ciudadana que se popularizó con su apellido y se desmarcó con unas declaraciones sobre el "poco respeto" que le merecían algunos jueces, que resonaron en todos los despachos de la judicatura. Unas palabras que no sentaron nada bien. La polémica, por tanto, seguía más viva que nunca.

Una situación crítica que todavía hoy permanece. Por el momento, "paralizada"