La batalla política por la impunidad de los políticos procesados, condenados e indultados por el 'procés' catalán, y una vez superado el escollo del Tribunal Supremo, se centra ahora en el Tribunal de Cuentas, la nueva "piedra en el camino" de Gobierno y separatistas.

La instrucción del tribunal contable, aun en curso, fija en casi dos millones de euros la responsabilidad contable que tendría inicialmente que satisfacer el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont, que permanece huido en Bélgica, por el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat'.

La responsabilidad económica fijada y exigida por el Tribunal de Cuentas no queda ahí, ya que sumaría al también expresident Artur Mas; a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull; y a otros 37 altos cargos de la Generalidad. Se les reclaman a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria.

Pero, ¿qué es el DIPLOCAT?

El DIPLOCAT es un consorcio publicoprivado que se dedicaba a proyectar la imagen de Cataluña como país en el mundo. Con sede en la ciudad de Barcelona, estaba formado por la Generalitad, los ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia de Cataluña, las cuatro diputaciones, asociaciones supramunicipales, las universidades y las patronales Foment del Treball y PIMEC, entre otros.

Fue creado en el año 2012 para "construir puentes entre Cataluña y el resto del mundo para facilitar que transiten personas, ideas y proyectos". Es heredero del Patronat Catalunya Món (2007) y anteriormente del Patronat Català Pro Europa (1982), una entidad pionera en las relaciones catalanas con la UE. El denominado DIPLOCAT también animaba a la sociedad civil y las entidades catalanas a implicarse y contribuir en los principales retos 'impuestos' por la Generalidad "para ser un actor relevante en la escena internacional".

Las actuaciones de este auténtico trasatlántico de acción política en el exterior se apoyaron en personalidades con proyección internacional en diferentes ámbitos, como el exfutbolista del Barça Xavi Hernández, la monja Sor Caram y la cocinera Carme Ruscalleda.

Hacían de la organización de eventos culturales, encuentros empresariales o cenas de intercambio entre universidades por toda Europa un foro en el que buscaban internacionalizar la visión que el Gobierno catalán defendía sobre el 'procés'.

La actividad propagandística del Diplocat se intensificó durante las semanas previas y posteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El choque entre el Gobierno de la comunidad autónoma y el Ejecutivo central se acabó escenificando con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la inmediata intervención de la autonomía catalana. Con ello -además- se consiguieron abordar las competencias en el ámbito exterior de Cataluña, uno de los puntos calientes de la legislatura pasada, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional llegó a suspender las competencias en dicha materia de la consejería encabezada por Raúl Romeva, de la que dependía el Diplocat.

Ahora, y después de los indultos concedidos a los presos independentistas catalanes por el Gobierno de coalición presidido por Sánchez, el Tribunal de Cuentas será el encargado de dictaminar la liquidación por este presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Diplocat. Un desfalco público que en total asciende a 5,4 millones de euros y que la Generalidad habría gastado en difundir sus proyectos de ruptura con España entre el año 2011 y 2017 por todo el mundo.