La Diputación de Cádiz ha iniciado los trámites para incorporarse a la red de Organizaciones por la Integridad Pública (OIP) que promueve la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), siendo la primera corporación provincial en Andalucía que emprende este proceso de adhesión.

Al respecto, la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha suscrito un convenio con el director de la OAAF, Ricardo Vicente Puyol, para establecer las bases y términos que harán efectiva esta inclusión al denominado proyecto OIP, como ha indicado en una nota la Diputación de Cádiz.

"Una democracia fuerte exige instituciones transparentes e integridad en la actividad pública. Con este convenio para incorporar la Diputación de Cádiz a la red de Organizaciones por la Integridad Pública reforzamos los recursos y medios que garantizan el eficiente funcionamiento, independencia e imparcialidad de la institución", ha manifestado Martínez, asegurando que esta es la primera Diputación andaluza en iniciar este procedimiento, "lo que muestra nuestro compromiso con la transparencia y ejemplaridad en la gestión pública".

La Oficina Andaluza Antifraude está adscrita al Parlamento de Andalucía y fue constituida al amparo de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de la persona denunciante.

Este servicio se concibe como un refuerzo de la independencia y profesionalidad del personal de la función pública frente a situaciones que pueden suponer un menoscabo de los intereses generales. Establece medios para prevenir y erradicar posibles casos de fraude, corrupción, conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal. De hecho, proporciona un sistema de protección para los denunciantes basado en la preservación de su anonimato y constituye un impulso para la integridad y la ética pública.

Conforme al convenio alcanzado, la OAAF evaluará los recursos disponibles en la Diputación de Cádiz, así como su sistema de integridad. Detectará, en definitiva, qué controles ya se ejercen en la institución provincial al objeto de evitar duplicidades innecesarias.

Al respecto, remitirá un manual que incluye el libro de estándares, el mapa de riesgos generales y un cuestionario de autoevaluación que permitirán a la Diputación concretar su plan de medidas. Este documento, con sus normas de autorregulación, pasará por una verificación que podrá motivar enmiendas o mejoras al texto inicial. Este proceso debe concluir con la certificación de la Diputación de Cádiz como entidad adscrita a la red de Organizaciones por la Integridad Pública emitida por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

El proyecto Organizaciones por la Integridad Pública se presentó recientemente en el Parlamento de Andalucía, en el curso de un acto en el que la Diputación de Cádiz estuvo representada por su vicepresidente tercero y responsable del Área de Función Pública, Jacinto Muñoz.

En dicho foro, Muñoz defendió la pertinencia de un proyecto que permitirá "recuperar la confianza de la ciudadanía" en la gestión de los recursos públicos, "con total transparencia y con el objetivo de prestigiar -en este caso- a la Diputación de Cádiz".

En esta presentación, organizada por la OAAF, también confluyeron el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Universidad Pablo de Olavide en calidad de entidades participantes del proyecto OIP.

Diputación, al ejecutar iniciativas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia --con la cobertura de los fondos Next Generation--, ya adoptó en su funcionamiento un Plan de Medidas Antifraude. Un modelo de organización basado en la responsabilidad, la transparencia, la optimización de recursos públicos, la integridad, el cumplimiento y la gestión por objetivos así como el establecimiento de medios de seguimiento y control.

Estos principios se ejercen frente a riesgos en materia de contratación, de concesión de subvenciones, en la adopción de convenios o en el desarrollo de actuaciones con medios propios y fondos europeos, ha indicado la Diputación.

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Junto a estas medidas también se habilitó un buzón de denuncias disponible para notificar sospechas de fraude o presuntas irregularidades. Situaciones que limiten la concurrencia competitiva, conflictos de intereses, manipulaciones en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas, fraccionamiento fraudulento del contrato, casos de doble financiación, pérdida de la pista de auditoría o el incumplimiento o deficiencias en la ejecución de un contrato son algunos de los supuestos que se contemplan en el mapa de riesgos diseñado por Diputación.

Con la firma de este convenio y la incorporación de la Diputación de Cádiz a este Proyecto OIP se avanza y garantiza la mejora de la organización para alcanzar la máxima eficiencia de los procesos y afianzar integridad y ética pública situándose como referente en la provincia y en Andalucía.