El Pleno del Ayuntamiento de la capital burgalesa ha aprobado, con con 14 votos a favor y 12 abstenciones, el inicio de los trámites para la disolución de los Consorcios, la gestión de la variante ferroviaria de Burgos y la administración del Polígono Industrial de Villalonquéjar 3 y 4, lo que dejará un déficit de "30 a 40 millones de euros" para la ciudad debido a la devaluación de los terrenos, según ha señalado la alcaldesa, Cristina Ayala.

El edil de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, ha señalado que esta propuesta busca poner en marcha los procedimientos necesarios para la disolución. Según él, seguir este camino es esencial para liquidar lo que ya no aporta ningún beneficio "operativo o de gestión".

Por su parte, el representante de VOX, Fernando Martínez-Acitores, ha destacado la importancia de iniciar este proceso, dado que 30 millones de euros de la Modificación Presupuestaria se destinarán a la reducción de la deuda.

No obstante, el portavoz socialista, Daniel De la Rosa, ha argumentado que la decisión de disolver los consorcios este viernes no fue consensuada con la oposición. Si bien está de acuerdo con ello, insiste en que debe realizarse correctamente, teniendo en cuenta las implicaciones que conlleva.

El socialista ha enfatizado en la necesidad de conocer cómo se utilizarán las parcelas una vez pasen al Patrimonio Municipal de Suelo, así como el proceso de gestión inmobiliaria y comercial de las parcelas restantes y ha señalado que no darán su voto a favor hasta tener claridad sobre estos aspectos a pesar de que su compañero de bancada, el concejal socialista Julio César Arnaiz, ha argumentado su disolución "por cuestiones prácticas".

Por su parte, Manso ha explicado que los consorcios están en una situación legal que exige su disolución, además de cuestionar la eficacia de la gestión realizada desde Promueve. También discute la calificación del suelo, argumentando que la naturaleza del mismo no depende de quién sea el propietario.