La Audiencia Nacional estudia si extradita a Estados Unidos a un británico presuntamente implicado en una estafa piramidal que captó a más de 800 personas en todo el mundo para invertir hasta 57 millones de dólares en el alquiler de espacios de trabajo compartido operados por la extinta empresa "Bar Works".

El reclamado, David A. K., fue detenido en la localidad malagueña de Marbella el 29 de noviembre de 2022 en virtud de una orden internacional de detención expedida por el tribunal de distrito sur de Nueva York en mayo de 2021 por delitos de fraude y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional estudia este martes su extradición, apoyada por la Fiscalía.

Está relacionado con la estafa piramidal en torno a la extinta compañía de espacios de trabajo compartido denominada "Bar Works", constituida en 2015 en Delaware y que tuvo su sude principal en Nueva York, liderada por Renwick Haddow, implicado también en el fraude.

La presunta estafa tuvo lugar entre 2015 y 2017, según los hechos que describe EEUU en su petición de extradición y recoge el fiscal en el escrito donde apoya la entrega. David A.K., residente en España, y sus "cómplices", "captaron inversionistas" para la empresa mediante información falsa.

Fueron, según el escrito, más de 800 los inversionistas captados en todo el mundo "para invertir hasta 57 millones de dólares" para alquilar espacios de "coworking" o cotrabajo operados por esta compañía con una supuesta ganancia "garantizada" del 14 al 16 % anual.

Para comprar un arrendamiento de un espacio de trabajo individual, los inversionistas pagaban entre 22.000 y 30.000 dólares, y después lo subarrendaban a un afiliado de la empresa, garantizando así una tarifa mensual y bajo la promesa de un reintegro de la inversión en 10 años.

Sin embargo, "Bar Works" funcionaba en realidad, según el escrito, como "un esquema de engaño piramidal", que pagaba a los inversionistas con dinero de nuevos inversionistas. De hecho, colapsó en 2017 dejando millones de dólares de pérdidas.

En los documentos aportados a los inversionistas se identificaba a Jonathan Black como director general, si bien esta era una identidad falsa "para ocultar la participación de Renwick Haddow como fundador, por sus antecedentes negativos en esquemas previos de inversiones en Reino Unido en las que los clientes perdieron sus aportaciones".

A través de la red de agentes de la sociedad United Property Group , con sede en España, Estados Unidos calcula que el reclamado y el propietario de la empresa "reclutaron a más de 100 víctimas que invirtieron aproximadamente 7,5 millones de dólares en este esquema".

Y cifra en 2 millones de dólares el dinero que recibió el reclamado "y un cómplice" en comisiones.

"Los inversionistas perdieron su dinero", subraya.

Para apoyar la extradición, la Fiscalía argumenta que el reclamado se enfrenta a penas que superan el año de cárcel por delitos que no habrían prescrito, y rechaza además que la solicitud tenga motivación política.