El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dado este lunes marcha atrás a una de las propuestas que se recogía en la nueva reforma de pensiones que prepara el Ejecutivo y que había presentado de manera oficial la semana pasada a los ponentes del Pacto de Toledo. Reforma que se está llevando a cabo dentro del marco del diálogo social y con el que España busca dar salida para poder cumplir con los objetivos europeos.

En concreto, Escrivá ha aceptado una de los puntos que más llamó la atención y por la que ha sido duramente criticado en las últimas jornadas por los sindicatos. En concreto, Escrivá ha decidido aceptar no tener en cuenta los ejercicios con inflación negativa para repercutilos negativamente. Decisión que ha llegado después de que el ministro se haya reunido este lunes con los principales agentes sociales y tras las críticas que ha levantado en las diversas formaciones del arco parlamentario.

En concreto, ha sido el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien ha informado que la Seguridad Social ha retirado la propuesta de compensar los años de inflación negativa en ejercicios sucesivos. De esta forma, la salida que se ha consensuado ha sido que el sistema permita que los pensionistas puedan ganar poder adquisitivo, tal y como ha sucedido este año. La propuesta inicial barajaba que los periodos de compensación fueran de hasta cinco años, algo que después se rebajó a tres y finalmente la propuesta ha desaparecido sin que se conozca todavía el sistema de revalorización definitivo.

Los sindicatos creen que no es suficiente

Aunque los sindicatos vean este cambio con buenos ojos, consideran que no es suficiente y piden que se siga negociado dentro del diálogo social. "Era un cambio imprescindible para avanzar el proceso de negociación, pero aun limitado", ha advertido Bravo, quien ha querido subrayar que todavía es pronto para hablar de otros temas que están en análisis, como pueden ser la jubilación anticipada, la derogación de la reforma de las pensiones del 2013 así como del factor de sostenibilidad, algo de lo que todavía se sabe poco.

En la propuesta que esbozó el ministro en el Pacto de Toledo se habló de incentivar las jubilaciones demoradas con un cheque de hasta 12.000 euros y que en el peor de los pensiones más bajas se haría con 4.786 euros. Puntos de los que todavía no hay un acuerdo dentro del diálogo sociales, ya que la CEOE y Cepyme plantean una gran divergencia con el Gobierno en la retirada de los convenios de la obligatoriedad de jubilarse con la edad ordinaria.

Un punto con el que coincide UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha dejado claro que Sánchez y su Ejecutivo deben tener claro que deberán retirar su propuesta de reforma de jubilaciones anticipadas. Álvarez se ha querido justificar en señalar que el 80% de las personas se jubilaron en 2019 lo hicieron porque se encontraban en paro. Por último, Álvarez ha vuelto a pedir que se den salida a unas 500.000 personas que, como consecuencia de la crisis del 2008, se vieron obligados a adelantar su jubilación con el recorte de pensiones que supuso en muchos casos, que llegó a superar el 20% en alguno de los casos.