La Fiscalía de Madrid ha observado "animadversión" en la declaración de una exempleada de Podemos hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de que señalara ante el juez que otra antigua trabajadora del partido realizó funciones ajenas a su cargo al cuidar a los hijos de la dirigente.

El ministerio público hace esta consideración en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, dirigido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga si una asesora de Montero, Teresa Arévalo, y una antigua responsable del departamento de prensa de Podemos, Gara Santana, desempeñaron funciones ajenas a su cargo como cuidadoras de sus hijos pagadas por el grupo parlamentario de Podemos.

Pese a advertir de esa posible "animadversión", la Fiscalía apoya que Gara Santana declare ante el juez en calidad de imputada porque considera que esto es algo que se deberá esgrimir una vez el juez pueda recabar su versión y se practiquen todas las diligencias.

En su escrito, el ministerio fiscal destaca también que "no es extraño" que "una amiga ayude a otra con dos recién nacidos, prematuros, recién salidos del hospital" y "sin ser remunerada por ello", como tampoco cree "ilógico" que durante la baja médica de la ministra se celebrasen "reuniones políticas en su domicilio, dada la posición que ocupaban tanto ella como Pablo Iglesias en el partido".

La testigo a la que hace referencia, una antigua empleada de logística del partido, testificó hace unos meses que ella también tuvo que desempeñar alguna vez funciones que no le correspondían y señaló a una antigua trabajadora de comunicación, Gara Santana, que acabó imputada ante el juez.

La Fiscalía no se opone a que Santana declare como imputada dado que en esta causa se investiga "el uso de dinero público para fines privados" y que la testigo señaló que realizó "funciones privadas que se abonaban con dinero público".

El magistrado Juan José Escalonilla, que investiga en otro procedimiento al partido por un contrato con la consultora Neurona para las elecciones de 2019, señaló su declaración para el pasado 10 de mayo, si bien la suspendió finalmente al no haberse pronunciado la Fiscalía al respecto.

Este procedimiento nació de la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que se negó ante el juzgado a desvelar la identidad de la persona que le transmitió que una asesora de la ministra desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor y aseguró que no lo investigó porque fue cesada.