El fiscal Miguel Ángel Carballo ha asegurado que la actuación del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero el 1-O le sitúa en la "órbita directa" de la comisión del delito de sedición, al mismo nivel que los condenados por el "procés", y ha desdeñado por inverosímil su coartada de que planease detener al expresidente catalán Carles Puigdemont. "La actuación de los Mossos impidió que se evitara el referéndum. Todo era subsidiario a impedir el referéndum. Se apreciaba en las instrucciones y actuación de los acusados. Todo era un deseo de quitar ganas y quitar fuerza a cualquier intervención en contra del 1-O", ha destacado el teniente fiscal de la Audiencia Nacional en la exposición de su informe definitivo tras modificar el pasado lunes su acusación de rebelión a sedición, de 11 a 10 años de cárcel. Ha querido ante todo dejar claro que "no ha sido nunca un juicio a los Mossos d'Esquadra", sino a unos mandos de ese cuerpo que se dedicaron a hacer "otras cosas diferentes a las que tenían que haber hecho".

En su defensa de que los cuatro acusados cometieron un delito de sedición, que, según ha subrayado, es la acusación "primordial" para la Fiscalía, pese a la alternativa a condenarles por desobediencia, ha sostenido que su actuación durante el cerco a la Consellería de Economía el 20S o el 1-O, "fue una consciente dejación del orden público hasta permitir que la situación deviniera imposible y quedase en manos de una violencia tumultuaria, una multitud alzada dirigida a impedir el cumplimiento del mandato judicial". "Una actuación decidida, pública, de cumplimiento de las órdenes fiscales y judiciales habría servido de mucho para evitar el referéndum, pero eso no es lo que querían", ha dicho sobre Trapero y los otros tres acusados: el exdirector de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-, y la intendente Teresa Laplana.

Por contra, "en lugar de cumplir las órdenes judiciales y fiscales se dedicaron a otras actividades", como a criticar la designación del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo policial para evitar el 1-O, a comunicar a las autoridades implicadas en impulsar el referéndum las órdenes que les llegaban de la Fiscalía y el juez o a hacer seguimientos a otros cuerpos policiales.

En el juicio "dijeron que se planteaban incluso hacer un comunicado en contra del referéndum, algo que sin duda habría tenido un gran efecto sobre la celebración del mismo, pero luego se escudaron en que no era de su competencia", ha lamentado Carballo, al observar que no dudaron en sacar comunicados "en contra de la designación de la coordinación del coronel Pérez de los Cobos". Sobre la principal coartada de Trapero, la elaboración de un plan para detener a Puigdemont si así se lo ordenaban, y que preveía incluso el uso de un helicóptero, Carballo ha señalado que le parece significativa "esa forma de querer presentarse como cumplidor de las ordenes judiciales y fiscales". "Es curioso. Tanta pasividad, tan poca actuación cuando tenía órdenes expresas del fiscal primero y después del juez" para impedir el referéndum, "y cuando nadie se lo pide, decide llevar esa actuación de oficio", ha ironizado.

Para argumentar sus dudas, ha relatado que, cuando el mayor declaró en la Audiencia Nacional, "no comunicó expresamente a nadie que tenía un plan" y solo respondió, a preguntas de su abogada, que, si se lo hubiesen pedido, lo hubiera detenido. Además, ha añadido, solo consta que remitió una carta al fiscal y al juez para ponerse a disposición. "Algo realmente sorprendente. ¿Es que antes no estaba a disposición si era necesario esa carta?", se ha preguntado el fiscal, que ha recordado que no fue hasta su declaración como testigo en el juicio del "procés" cuando habló de ese plan.

Es en ese momento, ha continuado, "cuando se viene arriba y declara de 'motu proprio' que elaboró un plan" y tras mostrar en el juicio un correo de fecha 25 de octubre de 2017, "que no tiene nada que ver", se incorpora "un informe 'ad hoc' sobre este plan de julio de 2019". En cuanto al delito de sedición, ha defendido que es la acusación primordial y "realmente" aplicable para la Fiscalía en este caso, en consonancia con la sentencia del "procés", dado que lo ocurrido forma parte de "una estrategia prediseñada, tanto por los acusados del Supremo como los acusados aquí hoy en la Audiencia Nacional". Ha explicado que si se ha ofrecido una alternativa, que "quizá no hubiese sido necesaria", lo ha hecho para hacer una petición concreta si la sala optase por el delito de desobediencia.

Según su compañero Pedro Rubira, que ha intervenido también en la exposición del informe, la alternativa se planteó tras "tomar en integridad" los fundamentos de la sentencia del Supremo, y consciente de que los acusados, a su juicio, cometieron un delito de sedición "por omisión" derivada de la inacción de los Mossos. Ha reconocido que si el tribunal llega "a la conclusión de que no existe el delito de sedición", la Fiscalía "tendría un grave problema" y de ahí la alternativa, que impediría "la absoluta absolución de los acusados y la impunidad" de unos hechos "muy graves".