El fiscal pide entre un año y dos años y seis meses de prisión para los trece independentistas y CDR que se encadenaron en los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusados de los delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave a agentes de la autoridad.

En la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha arrancado este miércoles el juicio a estos trece independentistas por encadenarse en las escaleras de acceso al edificio del Palau de la Justicia el 23 de febrero de 2018 para exigir la libertad de los líderes del "procés" y denunciar la "represión del Estado", vista en la que no ha comparecido uno de los imputados y para el que se adoptarán medidas cautelares.

En su escrito de acusación el ministerio público argumenta que los procesados, con la finalidad de "impedir el normal funcionamiento" del tribunal, se dirigieron corriendo hacia la entrada principal del edificio y cerraron las puertas del mismo, que "bloquearon con diversas cadenas de hierro o de moto", y acto seguido se sentaron delante encadenándose entre ellos y a las columnas exteriores del Palacio de Justicia.

Según el fiscal, la "falta de colaboración" de los acusados "obligó" a los efectivos policiales a cortar las cadenas con unas cizallas, y después detuvieron a estos manifestantes.

Debido a estos hechos, que se iniciaron sobre las 07.45 horas, no se pudo restablecer el normal acceso al tribunal hasta las 09.05 horas, mientras que la circulación por la calle donde se encuentra el TSJC se normalizó sobre las 10.15 horas, sostiene el fiscal.

Durante el juicio que ha comenzado este miércoles, los acusados, que solo han respondido a las preguntas de sus abogados, han esgrimido que ese día de febrero de 2018 ejercieron su derecho de manifestación y protesta de forma "pacífica y no violenta" y han negado que se encadenasen y que obstruyeran el "normal funcionamiento" del tribunal.

Así, uno de los imputados, Alejandro Velasco, ha explicado que se trató de una "acción simbólica" en las escalinatas del Palacio de Justicia y que las dos puertas de entrada estaban abiertas, de manera que se podía entrar y salir del edificio: "No teníamos intención de bloquear" el acceso, ha asegurado.

Otro de los acusados, Marcel Laborda, ha afirmado que había una cadena, pero que no se encadenaron a la misma y que en "ningún caso" los agentes de los Mossos d'Esquadra tuvieron que cortarla.

Otros dos acusados -Marta Mullor y Juan Martínez Girona-, a los que se pide un año de prisión por los delitos de desobediencia y resistencia grave a la autoridad, una pena menor que la que se solicita para el resto de los imputados, han negado ante el juez que diesen una patada a agentes de la policía catalana.

En las cuestiones previas antes del inicio del interrogatorio de los acusados, las defensas han solicitado que se retirasen como prueba las grabaciones aportadas por los Mossos, pero la juez ha rechazado esta petición al no existir los "requisitos legales para declararla nula".

El juicio proseguirá mañana con los testimonios de varios agentes del cuerpo de la policía catalana.