La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha subrayado este miércoles que el Gobierno "no puede inmiscuirse, ni dar su opinión" en el pulso que mantienen el Supremo y el Congreso sobre la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

El Supremo condenó al parlamentario a un mes y 15 días de prisión, una pena sustituida por multa de 540 euros, por un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

La Mesa del Congreso, de acuerdo con el informe de los letrados de la cámara, entiende que Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Supremo. Según los letrados, una pena privativa de libertad sí hubiera sido "determinante de la causa de inelegibilidad", pero al haber optado por una pena sustituta "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado".

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha dado este miércoles un paso más al pedir al Congreso que le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta a Alberto Rodríguez para así realizar la liquidación de su condena.

Ha sido el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien ha dirigido un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para pedirle dicho informe.

La ministra Pilar Llop, en declaraciones a los periodistas antes de un acto en el ministerio, ha dejado claro que el Ejecutivo, por respeto a la división de poderes, no puede inmiscuirse en un debate que afecta al Legislativo y al Poder Judicial.