Los ataques de naturaleza política contra los jueces no constituyen una novedad. En España se han producido anteriormente este tipo de expresiones por parte de políticos cuando las resoluciones dictadas por los jueces no eran de su agrado o no les eran favorables. Al menos en apariencia, estas reacciones puntuales no parecían responder a una estrategia definida de deslegitimación del poder judicial ni por su número ni por su naturaleza.

Hoy, la tendencia parece haber cambiado. Este tipo de críticas se han intensificado y, lo que es más grave, se han desvinculado de decisiones judiciales concretas para extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión.

Por este motivo, y ante los crecientes ataques contra el Poder Judicial que se vierten con pasmosa normalidad desde miembros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y también desde el poder Legislativo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha lanzado un grito de auxilio a Bruselas con un informe enmarcado en la línea de colaboración de las asociaciones judiciales con el Parlamento Europeo. Unos ataques que la AJFV identifica con determinadas críticas, entre ellas algunas de las ministras de Unidas Podemos Irene Montero e Ione Belarra e incluso de la titular de Justicia Pilar Llop.

La segunda mayor asociación de jueces de España ha elaborado y remitido al Parlamento Europeo este informe en el que ponen de manifiesto la preocupante realidad que suponen los constantes ataques al poder e independencia judicial por parte de los políticos, algo que incluso se ha convertido en una cuestión estratégica. “Sin tribunales independientes no hay Gobierno democrático, sino autoritario porque nadie podría controlar los excesos del poder”. De este modo es como Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la AJFV, ha valorado a COPE la estrategia de deslegitimación del poder judicial y que “encierra una serie de riesgos relevantes para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”.

“Hay que reafirmar la independencia judicial”

“Los ataques por parte de políticos a los jueces han existido siempre, pero lo que queremos poner de manifiesto es que en este periodo de los últimos dos o tres años se han producido una serie de cambios que hacen que ya no estemos hablando de excesos verbales más o menos interesados que un político podría hacer en un momento determinado al hilo de una sentencia que no le gustaba o que le era desfavorable. Hoy ya no estamos hablando de esto. Hoy se están produciendo un conjunto de acciones que, vistas en perspectiva, parecen que tienen un significado común. Ahora, cada exceso verbal se ejecuta para configurar en conjunto una serie de estrategias que tiene como resultado un efecto de desconfianza en la ciudadanía respecto a su sistema de justicia, lo que acarrea un serio peligro”, ha afirmado.

Aunque no se puede afirmar que la intención directa de los agentes políticos que están contribuyendo a este discurso deslegitimador, Fernández Vaquero no ha dudado en apuntar que “si se deslegitima al poder judicial, si se consigue que la ciudadanía deje de confiar en su sistema de justicia o que perciba a los jueces como a unos enemigos, se eliminará el control que ejercen los jueces y los gobiernos podrán hacer lo que quieran”.

“Hay que reafirmar la independencia judicial y todos aquellos elementos institucionales que sostienen el Estado de derecho. La separación de poder no afecta sólo al Poder Judicial, sino que afecta también al Poder Legislativo”, ha destacado.

“Tenemos que reforzar todos aquellos elementos que sirven de soporte al Estado de derecho”

Otro de los riesgos sobre los que alerta la AJFV a lo largo del informe es que la falta de legitimidad del Poder Judicial pueda servir de escudo ante comportamientos políticos inadecuados, “evitando que despliegue sus efectos el principio de responsabilidad política, como mecanismo de asunción de responsabilidades en un sistema democrático”.

En este sentido, el portavoz nacional de la AJFV ha recordado que “el principal problema que tenemos en España es que el Poder Legislativo ha desaparecido, no ejerce su función, no controla al Gobierno”, y ha subrayado que “tenemos tantos Reales Decretos leyes que son normas extraordinarias del Gobierno como leyes, que son las normas ordinarias que nacen del Parlamento”.

Fernández Vaquero ha insistido, además, en que “no basta con que una asociación judicial denuncie esta situación”, sino que “tenemos que ser capaces de conseguir que otros ámbitos de la sociedad civil se impliquen en esta tarea”. “Es esencial exigirle a los representantes políticos que cumplan con el deber constitucional de defender el Estado de derecho y de garantizar y defender la independencia del sistema Judicial”, ha criticado.