Historiadores de tres universidades valencianas han criticado las "graves carencias científicas" de la proposición de ley de Concordia presentada por PP y Vox en Les Corts Valencianes, que deroga la ley de Memoria democrática, debido al "desconocimiento de los cimientos básicos" de las diferentes cuestiones que aborda.

"Todo esto puede redundar en la implementación de políticas públicas en este ámbito claramente insuficientes e incluso contraproducentes para los objetivos buscados", expone la declaración institucional de profesores de la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad de Alicante, elaborada por los departamentos de Historia y Humanidades.

La declaración afirma que la proposición del PP y Vox parte de una concepción de la Historia "propia de un nacionalismo rancio y sin ningún tipo de sentido crítico", ya que la labor de Historia no tiene que ser "honrar y proteger la historia de España".

Asimismo, reivindica que existe una historiografía científica sobre la Historia Contemporánea de España en el siglo XX, pero los proponentes plantean una valoración histórica "sesgada y tendenciosa", que "demoniza" la democracia española de los años treinta y la define como "catástrofe" equiparable a la guerra civil y una dictadura de cuarenta años.

Los historiadores defienden que existe "un consenso ampliamente aceptado en la historiografía española y el hispanismo internacional respecto a que la Segunda República fue la primera forma democrática de gobierno en la España del siglo XX, y resulta homologable al resto de democracias existentes en ese mismo momento.

No integrar en la propuesta "el conocimiento histórico y riguroso sobre el pasado que la historiografía ha ido construyendo" desde hace décadas, lo sitúa "muy lejos de la objetividad y la imparcialidad", señala la declaración, que lamenta que en el texto no se cite la dictadura franquista.

Otras críticas son que el texto se centra solo en el terrorismo de ETA, pero no cita al de la extrema derecha o el del GAL y que hace una "falsa equiparación" entre dictadura y democracia, por lo que reclama que Les Corts Valencianes no aprueben esta ley y se ofrecen a reunirse con los grupos parlamentarios para dialogar sobre estas cuestiones.