No cabe esperar decisión alguna, ni siquiera una fecha aproximada para conocerla. Lo que tiene lugar entre el 24 y el 25 de noviembre es la vista. Pero después, llegarán las deliberaciones. Y una vez que concluya esa fase, el gabinete de la juez ponente tendrá que redactar la sentencia en la que plasme dichas deliberaciones. Dicho de otro modo: sería raro que la tuviéramos antes de febrero.

Ni Carles Puigdemont ni los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí tienen intención de comparecer ante el Tribunal General de la UE estos días. Es un mensaje en sí mismo y su estrategia de comunicación: bajo ningún concepto quieren una foto que dé lugar a la frase “se sientan en el banquillo” o algo similar. Ellos han presentado las demandas y creen que su papel es el de víctimas.

La primera, la del jueves 24 por la tarde, la firman Puigdemont y Comín y es contra el Parlamento Europeo. Ambos piden al Tribunal General que anule la decisión que tomó en su día el que fuera presidente de la cámara, David Sassoli, de no plantear la defensa de la inmunidad de los prófugos cuando el juez Pablo Llarena emitió las euroórdenes contra ellos. Aquí podremos escuchar, por primera vez, cómo sus abogados esgrimirán como argument la reforma del delito de sedición.

Pero la importante –o la más relevante para el futuro de Puigdemont- será la vista que empieza el viernes a las 9:30 de la mañana. Lo que busca su defensa es directamente blindar su inmunidad. Es decir, que la justicia europea le dé la razón y que pueda volver a España cuando quiera sin temor a ser detenido. En este caso, el recurso lo firman los tres eurodiputados y las idas y venidas de demandas, revocaciones, autos y recursos de casación se remontan al 9 de marzo de 2021, que es cuando el Parlamento Europeo tomó la decisión de suspender la inmunidad de cada uno de ellos.

Las vistas se desarrollarán en inglés, porque es el idioma en el que los demandantes presentaron sus recursos y sus alegaciones, pero habrá interpretación al castellano, porque en ambas interviene como parte el Reino de España. Y la sala está formada por cuatro magistrados, además de la juez chipriota que la preside: un danés, un finlandés, un eslovaco y un lituano. Una vez que tomen su decisión, esta aún sería recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.