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Irene Montero casi se derrumba al hablar de los escraches frente a su casa: "Ya van por la semana 11"

La ministra de Igualdad asegura que los escraches que ella defiende "no duran más de unas horas"

Irene Montero casi se derrumba al hablar de los escraches frente a su casa: Ya van por la semana 11

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 10:36

La ministra de Igualdad Irene Montero ha hablado por primera vez de forma muy personal y abiertamente sobre cómo vive las protestas que desde hace varias semanas se producen a las puertas de su chalet de Galapagar. En una entrevista al periodista Daniel Basteiro (Infolibre), la dirigente ha subrayado que a la política "se viene llorada de casa", pero no ha ocultado su profundo malestar y dolor por lo que su familia está sufriendo diariamente.

Para ella, las protestas frente a su casa van más allá de un simple escrache porque este tipo de reivindicaciones suelen durar poco, mientras ella denuncia que tanto Pablo Iglesias como ella llevan "11 semanas de continuas protestas". "A la política una viene llorada desde casa. Pero contra nosotras, vale todo. Yo vengo llorada de casa, pero no sé si alguien me puede poner un ejemplo de un escrache que haya durado más de unas horas. Lo que está ocurriendo en las puertas de mi casa es otra cosa. Los escraches son movilizaciones puntuales que están avaladas por la judicatura de nuestro país como una forma de protesta legítima. Puede ser desagradable, merecer sanción o censura social. Pero es una forma de protesta legítima. Nadie me puede poner un ejemplo de un escrache que dure más de unas horas. Lo que está pasando a las puertas de mi casa va por la semana 11. Creo que es difícil", asegura Irene Montero en la entrevista.

En la misma conversación, la ministra de Igualdad reconoce que estas protestas trastocan su día a día pero insiste en que viene llorada de casa. Eso sí, en la misma entrevista defiende el derecho a realizar escraches. "Quiero dejar claro que la forma de protesta social que los afectados y afectadas por la hipoteca han utilizado en este país para reivindicar una ley de vivienda justa no tiene nada que ver con lo que está pasando a las puertas de mi casa", ha subrayado.



DENUNCIA DE IGLESIAS CONTRA UN VECINO

Las palabras de Irene Montero llegan después de que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias presentara la semana pasada una querella por seis delitos contra Miguel Ángel Frontera Díaz, un particular al que acusa de ser el "instigador" de las protestas frente a su casa. En concreto, Iglesias se querella por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

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El escrito hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona y, según consta en el escrito, "los medios de comunicación refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos". En el relato que hacen los abogados del vicepresidente también se destacan otras actuaciones por parte del querellado como llevar un equipo con megafonía para sus protestas, lo que supone un "impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de dudosa legalidad", y publicitar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su intención de ir nuevamente y convoca a otros o sube vídeos de su conducta.

Por otra parte, una veintena de vecinos de Galapagar han presentado esta misma semana también una querella contra el vicepresidente Iglesias, al considerar que es el responsable del "acoso total" ejercido contra ellos por parte de agentes de la Guardia Civil para evitar que protestaran ante las puertas de su vivienda. Según expone la querella, Iglesias ha hecho uso de su cargo para "dar instrucciones" y evitar manifestaciones contra la gestión del Gobierno por la pandemia del coronavirus. Por ello, le imputan un delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, coacciones y denuncia falsa, con la agravante de prevalecerse del cargo público.

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