Desde esta mañana, Italia vive un nuevo escenario de restricciones. El país transalpino ha comenzado a aplicar la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación contra la covid-19 o un resultado negativo de una prueba que se hayan hecho en menos de 48 horas a 23 millones de italianos que acudan a su puesto de trabajo. Quien se niegue, puede ser suspendido de empleo y sueldo independientemente del sector al que pertenezca, público y privado.

Las protestas no se han hecho esperar y han vuelto a tomar las calles de varios puntos de Italia, entre los que destacan las ciudades de Roma, Milán, Génova o Trieste ante la entrada en vigor del denominado ‘green pass’, que muestra el estado de vacunación de cada persona, si se ha recuperado de la covid-19 o si ha obtenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica de la enfermedad realizada en las últimas 24 horas.

“Libertad”, “No al estado de emergencia” y “La lucha dura hasta el final” han sido algunas de las proclamas que han presidido las manifestaciones en la Plaza Santa María Novella de Florencia, donde se han mostrado contrarios al certificado de vacunación.

Sanciones, multas e incluso el despido

El decreto aprobado por el Gobierno italiano contempla sanciones, multas e incluso la suspensión del salario para quienes no tengan el ‘green pass’. Las protestas en oposición al pase sanitario se suceden en el país transalpino y el sábado llevaron a graves disturbios en Roma, incluido el asalto a la sede del principal sindicato italiano.

En España, donde la vacunación es de momento voluntaria –y con cerca de 37 millones de personas vacunadas con la pauta completa, lo que supone un 87,8% de la población con posibilidad de recibir la inoculación contra la covid-19– habría que modificar la legislación para aplicar unas medidas similares a las impuestas por Italia. Lo único que podrían hacer las compañías españolas sería recomendar a sus trabajadores que se vacunen, pero sin que la negativa del trabajador a no hacerlo no podría suponer nunca un motivo de despido.

La cuestión que sobrevuela ahora a muchos trabajadores sobre una hipotética aplicación de la ‘green pass’ en España, se cierne sobre la capacidad legal que tendría la empresa española en poder ejecutarla ante sus empleados. Hoy, sería casi imposible, salvo que el Gobierno imponga la vacunación obligatoria. No obstante, entre distintos expertos se ha extendido la corriente que defendería la posibilidad de imponer la vacunación a través de planes de Riesgos Laborales.

En este sentido, cabe destacar la existencia de la Ley de bases de sanidad nacional de 1944 y la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. De hecho, esta última establece en su artículo segundo que “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”.

Teniendo en cuenta todas estas premisas, y atendiendo a la notable mejora de la situación pandémica en España, parece improbable que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueda aventurarse en aprobar una medida tan impopular como la aplicada en Italia por el gobierno de Mario Draghi. Más aun siendo fundamental la aprobación de un nuevo estado de alarma con el que establecer la vacunación obligatoria para todos los empleados públicos o privados, una figura legal con la que el Tribunal Constitucional (TC) se ha mostrado tajante ante el Gobierno de coalición por su utilización anticonstitucional.