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La jubilación de un alto cargo obliga a Interior a renovar un puesto en la Secretaría de Estado de Seguridad

Grande-Marlaska se ha enfrentado a quejas internas y de los partidos de la oposición por algunas decisiones relacionadas con la estructura de mando de la Guardia Civil

La jubilación de un alto cargo obliga a Interior a renovar un puesto en la Secretaría de Estado de Seguridad
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La jubilación de José Antonio Rodríguez González, comisario de la Policía al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, obligará al departamento de Fernando Grande-Marlaska a decidir en breve sobre este puesto clave dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El comisario José Antonio Rodríguez cumple 65 años en marzo y, por tanto, debe jubilarse como comisario de la Policía Nacional. Esto plantea que se tenga que buscar un relevo o decidir sobre su continuidad como alto cargo en Interior, según ha adelantado 'El Mundo' y confirman a Europa Press fuentes del Ministerio.

Tras destacar la "profesionalidad y dedicación" de Rodríguez, las citadas fuentes rechazan por ahora valorar su posible continuidad, así como si esto exigiría cambios en la estructura orgánica del Ministerio del Interior o habría que plantear alguna modificación legislativa.

UNA ELECCIÓN CON CRÍTICAS INTERNAS

La llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior a mediados de 2018 trajo consigo un fuerte malestar en un sector de la Guardia Civil, debido a que optó por un comisario de la Policía en lugar de un mando del instituto armado para el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios, encuadrado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Grande-Marlaska apostó por José Antonio Rodríguez, conocido al algunos círculos policiales con el sobrenombre de 'Lenin', un comisario con un pasado vinculado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y también con el PSOE. La mayoría de sindicatos de la Policía respaldaron este nombramiento en 2018, acusando a los críticos dentro de la Guardia Civil de creerse "acreedores vitalicios" de este puesto clave en la coordinación policial.

El puesto de jefe de Gabinete de Coordinación y Estudios es un cargo relevante por su cercanía a la gestión del día a día de la Secretaría de Estado de Seguridad, en especial por su papel de 'enlace' con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Uno de los momentos donde su peso se puso de manifiesto fue en 2017, durante el referéndum independentista del 1-O, cuando la Fiscalía propuso a quien ocupaba el cargo siendo Juan Ignacio Zoido (PP) ministro del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos, para que coordinara el dispositivo que debía impedir esta votación.

SUPERVISIÓN DE FONDOS RESERVADOS

Entre las responsabilidades atribuidas al jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios está la supervisión del uso de los fondos reservados destinados a la Policía y la Guardia Civil. De esto mismo dio cuenta en noviembre Pérez de los Cobos ante el juez del 'caso Kitchen', que investiga la incautación irregular de documentos del extesorero del PP Luis Bárcenas. El coronel limitó esta supervisión a un control contable para no exceder las asignaciones aprobadas, pero sin conocer los detalles.

José Antonio Rodríguez, por otra parte, forma parte de la treintena de comparecientes citados por la comisión del Congreso de los Diputados que investigará la llamada operación 'Kitchen', junto al excomisario José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Grande-Marlaska se ha enfrentado a quejas internas y de los partidos de la oposición por algunas decisiones relacionadas con la estructura de mando de la Guardia Civil, sobre todo tras el cese de Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) tras suspender operaciones con cargo a los fondos reservados y, posteriormente, por apartar a Diego Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid en medio de una investigación judicial sobre la relación de la manifestación del 8M con el inicio del contagio de coronavirus en Madrid.

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Este último relevo en mayo de 2020 llevó a que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, renunciara al cargo, adelantando unos días la salida pactada por su jubilación y que había sido postergada debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.

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