Un Juzgado de Barbate (Cádiz) ha abierto diligencias para esclarecer un posible delito contra los derechos de los trabajadores en relación al operativo de la Guardia Civil desplegado en esta localidad el pasado 9 febrero, cuando fueron asesinados dos agentes al ser arrollados por una narcolancha.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que estas diligencias tratan de dilucidar las condiciones de trabajo en las que se produjo el operativo en el puerto de Barbate por parte del instituto armado.

Estas diligencias son paralelas a las que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Barbate, encargado de la investigación del suceso, en el que una narcolancha arrolló a una pequeña embarcación de la Guardia Civil en la que murieron dos agentes.

Este viernes han comparecido como testigos en el referido juzgado los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque mortal, una comparecencia en la que han confirmado que se trató de una acción intencionada por parte de los ocupantes de la narcolancha, a los que no han podido llegar a identificar.

La investigación paralela sobre las condiciones en las que se produjo el operativo policial ha sido expuesta por la propia juez instructora a los abogados presentes en las testificales de este viernes, en las que también se ha hecho alusión expresa a los medios de los que dispusieron los agentes la noche de los hechos.

Algunas de las asociaciones ya personadas en el procedimiento por la muerte de los guardias civiles estudian además personarse como acusación particular de los afectados en estas otras diligencias paralelas abiertas.

Precisamente, el abogado Manuel Manzaneque, que representa a uno de los seis encarcelados por la muerte de dos agentes, ha censurado a su salida del juzgado las condiciones de trabajo a las que se enfrentaron los guardias civiles: "Los mandaron a la muerte".

Este letrado ha considerado "increíble" que los agentes tuvieran que actuar "en una lancha pequeña, sin un fusil, sin ningún tipo de mecanismo de protección" y ha apuntado a la posible "responsabilidad importante" por parte de quien ordenara la intervención.

También ha confirmado que existen diligencias previas para investigar las condiciones de los guardias civiles por una posible infracción de los derechos de los trabajadores.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que descarta la participación de los seis encarcelados por la muerte de dos guardias civiles ha marcado este viernes la declaración de los cuatro agentes que sobrevivieron, dado que ha supuesto un giro a la investigación del suceso.

Aunque las defensas de los encarcelados ya han pedido a la juez su inmediata puesta en libertad, la Fiscalía ha indicado que pedirá que sigan en prisión porque, aunque ya no se los pueda considerar autores materiales de la muerte de los agentes según un informe de la UCO, sobre ellos pesan acusaciones por otros delitos de contrabando y pertenencia a una organización criminal.