En 2019 la Generalitat de Cataluña destinó un millón de euros a las comunidades catalanas en el exterior con cargo a los Presupuestos de 2017. Ese mismo año, la aplicación del artículo 155 había dejado sin regar de subvenciones a estas entidades privadas que tienen como propósito “la organización y promoción de la cultura y la lengua catalana y la enseñanza de catalán” por todo el mundo, según dispone la propia Generalitat.

De este modo, el Ejecutivo autonómico ha extendido su acción internacional más allá de la red de “embajadas” que Cataluña mantiene abiertas con el beneplácito de la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Lay, pese a que el exministro Borrell las había definido como“un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España”.

LA HABANA, EL ORIGEN DE LAS COMUNIDADES

En concreto, las comunidades catalanas en el exterior nacieron en 1840 con la Sociedad de Beneficencia de los Naturales de Cataluña de La Habana a la cabeza, el casal más antiguo de los creados en todo el mundo. En la isla surgieron entonces asociaciones y grupos que abogaban de forma directa por la independencia de Cataluña, como el Club Separatista Número 1 de La Habana, el Club Separatista Número 11 de Santiago de Cuba, el Grop Nacionalista Radical Cataluña o el Blok Nacionalista Cathalonia de Guantánamo.

De hecho, la bandera estelada toma como modelo la de Cuba, al igual que la Asamblea de Guáimaro, responsable de la redacción de la primera Constitución cubana, sirvió en 1928 a la Primera Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán. Se trató de una iniciativa política que pretendía proclamar la República Catalana Independiente tras una gira propagandística que llevó a cabo por América Latina. La Asamblea llegó a aprobar la Constitución Provisional de la República Catalana, de la que se editaron 10.000 ejemplares.

También destaca el Centro Catalán de Montevideo, que nació en 1881. Desde entonces, las comunidades catalanas en el exterior han ido agrupándose en centros y entidades diversas, primero en América y más adelante en Europa. Actualmente se extienden desde Japón hasta EE.UU., pasando por Australia, Canadá, China, Islandia, Marruecos y los países iberoamericanos.

“Las comunidades catalanas del exterior han hecho, a lo largo de su historia, una contribución decisiva a la proyección de la lengua y la cultura catalanas, a la identidad nacional y los derechos históricos irrenunciables del pueblo catalán”, ilustra el Centro Catalán de Luxemburgo en su web.

MOTORES DE LA "CONSTRUCCIÓN NACIONAL DEL PAÍS"

De hecho, la norma reguladora de la comunidad catalana en el exterior, la ley 8/2017, de 15 de junio, dispone en su preámbulo que estas entidades son piezas clave en “la construcción nacional del país” mediante la canalización de “actuaciones individuales y colectivas impulsadas desde el exterior que puedan beneficiar al país”. Además, las define como agentes “activos en la proyección internacional de Cataluña y como colectivo comprometido con el país”.

No en vano, en los últimos años buena parte de estas comunidades catalanas en el exterior han mostrado públicamente su apoyo inequívoco al procés y a los políticos independentistas condenados en firme por el Tribunal Supremo, algunos por delitos de sedición en concurso medial con delitos de malversación.

Prueba de ello es que desde la Federación Internacional de Entidades Catalanas (FIEC) han expresado sus “más profundas dudas sobre el proceso llevado a cabo por el Tribunal Supremo”, por lo que no comparten “su veredicto”.

“Desde la Federación Internacional de Entidades Catalanas nos solidarizamos con los presos políticos, exiliados y sus familias y esperamos que su puesta en libertad y regreso contribuyan a encontrar una solución”, señalan en un comunicado.

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Pese al mantra del independentismo de que "España nos roba", lo cierto es que Cataluña es la comunidad autónoma más endeudada del Estado en relación al PIB. Una situación que no impide a sus dirigentes políticos destinar un millón de euros a estas entidades que, de forma teórica, tienen como propósito fomentar su cultura pero que, en la práctica, se encargan de internacionalizar el procés para construir un país en abierta contradicción con el ordenamiento jurídico vigente.