La intención de que gobierne el partido político que haya obtenido más votos se ha convertido en el objeto de deseo para fuerzas políticas de distinta ideología. No obstante, ningún partido ha tomado la iniciativa de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que gobierne el que consiga una mayoría simple, aunque la suma de otras formaciones supere ese porcentaje.

“Es una reforma imprescidible, reconoce en COPE Juan Carlos Jiménez Redondo, politólogo y catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en laUniversidad San Pablo - CEU, para sustentar esta propuesta con fórmulas, por ejemplo, como la de prima de escaños al partido ganador. Pero es una modalidad que pervierte el sentido básico de la democracia parlamentaria. Nosotros tenemos un sistema por el que elegimos a los parlamentarios y estos son los que eligen al gobierno. Es por eso creo que no encaja en el espíritu constitucional. Otra cosas es en los ayuntamientos”.

La historia reciente demuestra que, independientemente del color político, lo reclaman los que van mejor en las encuestas electorales y lo rechazan los que salen peor parados. Si miramos los archivos de las distintas campañas electorales, observamos que no es nueva la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada.

De hecho, el presidente Pedro Sánchez les pidió al resto de partidos que se presentaban a las elecciones de 2019 que asumieran este compromiso y el expresidente socialista José LuísRodríguez Zapatero se comprometió en 2004 a no intentar formar gobierno si el PSOE no era la lista más votada. Sin embargo, los ministros socialistas han salido ahora en bloque a criticar la medida igual que han hecho desde Unidas Podemos y el resto de los grupos parlamentarios que apoyan al PSOE en esta legislatura.

Ahora, hay mucha polémica, pero, en realidad, esta práctica se llevó a cabo durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por un acuerdo no escrito que cambió con la aparición en el escenario político de los nuevos partidos.

En esta ocasión, el plan de Alberto Núñez Feijóo plantea una reforma de la LOREG para que gobierne el partido político que haya obtenido más votos en los ayuntamientos, y deja en manos de un hipotético “pacto político” que ocurra lo mismo en comunidades autónomas y Gobierno central. Sin embargo, el rechazo que ha despertado esta propuesta demuestra que ese pacto no tiene visos de prosperar.

La explicación a este fenómeno que se repite por parte de cada partido político cuando están en la oposición la busca Jiménez Redondo en que “cuando están en el poder y pueden llegar a acuerdos con otras formaciones políticas lo consideran poco operativo. Es una propuesta más de debate que efectiva y real”. En esta ocasión, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a implementar esta y otras 59 medidas de su plan de Calidad Institucional en los 100 primeros días de gobierno si es que consigue instalarse en el palacio de La Moncloa.

EVITAR A LOS MINORITARIOS

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La Constitución española contempla la posibilidad de que gobierne otro partido distinto al más votado siempre que consiga el respaldo suficiente de otras de formaciones políticas. Sin embargo, el debate resurge ahora de sus cenizas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se sustente en Unidas Podemos y haya pactado en numerables ocasiones con independentistas y nacionalistas que no tienen nada en común con el constitucionalismo que defiende el PSOE.

Además, la reciente polémica surgida en Castilla y León (el PP gobierna con el apoyo de VOX) sobre las contradicciones entre ambos partidos ante el protocolo de defensa de la natalidad también ha puesto en evidencia las dificultades de gobernar en coalición.

Por este motivo, el politólogo José Luís Jiménez insiste en COPE en que “nadie obliga a los partidos mayoritarios a apoyarse en los minoritarios para gobernar. Lo ilógico de la política española es que sea imposible encontrar puntos de acuerdo entre el PSOE y el PP. En todos los países existe una posibilidad de acuerdo sistémico entre los dos grandes partidos y el apoyo de los minoritarios es residual. Jamás son los protagonistas de los acuerdos políticos como ocurre en España”.

Además, si se produjeran las reformas pertinentes para que gobierne la candidatura electoral más votada, añade Jiménez Redondo, “los partidos minoritarios se quedarían con una representación ficticia y no podrían influir en el partido gobernante, aunque se quedarían sin ninguna capacidad real de alcanzar nunca el poder. El problema es que son una parte de la población que dejaría de sentirse representada”.

Por este motivo, esta herramienta se considera un arma de doble filo, como vemos en el ejemplo de lo que ocurre en el Reino Unido, donde el voto en cada circunscripción va para la lista más votada y el resto se quedan sin representación.

SEGUNDA VUELTA

Los expertos consultados por COPE coinciden en señalar que al líder del PP le podría beneficiar ese hipotético pacto de Estado en las elecciones generales que se celebren a final de año, aunque muchos de los alcaldes y presidentes autonómicos del suyo y de otros partidos se han echado a temblar ante la posibilidad de que no puedan pactar con otras formaciones políticas.

La prueba más evidente la tenemos en los 680 municipios (al rededor del 9% de los más de 8.000 que hay en España) en los que el alcalde no pertenece a partido más votado en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2019. Son los datos de alcaldes que publica el Ministerio de Política Territorialy en los que vemos ejemplos tan significativos como las alcaldías de Madrid y Barcelona.

“En realidad, beneficiaría a todos los partidos en el marco municipal, detalla en COPE el catedrático Jiménez Redondo, porque garantizaría la investidura, aunque eso no significa que se pueda gobernar de forma efectiva”.

En esos comicios de 2019 tampoco habría obtenido la mayoría suficiente la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que ocurrió en la Comunidad de Murcia o Castilla y León.

Para estos casos o el del gobierno de la nación, existe también la posibilidad de solucionarlo con una segunda vuelta, “una opción acorde con el sistema parlamentario español”, asegura el politólogo para añadir que “en el fondo, lo que late en el sistema político español es que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo”.

Sin esos acuerdos entre las distintas formaciones políticas cuando el que gobierna carece de mayoría absoluta, llega la realidad de tener que gobernar, sacar leyes u ordenanzas sin los votos necesarios. La consecuencia acaba siendo una inestabilidad que podría acabar en elecciones adelantadas o mociones de censura.

Sin embargo, solucionar esa inestabilidad recurriendo a una segunda vuelta, como ocurre en las elecciones francesas, implica también que se consolide el “bipartidismo” y que los minoritarios tiendan a desaparecer.