De aplicarse la Ley de Vivienda tal como pretende el Gobierno “puede ser una fuente de litigios en distintas jurisdicciones, un semillero de litigios”, dicen a COPE fuentes del CGPJ. Es una ley de difícil aplicación, abstracta, ambigua y necesita más concreción porque está sin desarrollar, según cuentan varios vocales de la mayoría que han apoyado el informe crítico. No resuelve los problemas. Y no tiene memoria económica.

Además es una ley intervencionista, el Estado invade las competencias de las Comunidades Autónomas. Crea inseguridad jurídica. Interviene el precio de los alquileres y quiere recargar el IBI a los propietarios con viviendas vacías, obligándoles a darle un uso habitacional. El derecho a la propiedad queda lesionado para el Consejo.

El texto aprobado por quince vocales frente a seis incluirá algunas apreciaciones, apreciaciones sobre desahucios defendidas por los vocales Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Recurre a un acuerdo que aprobó el Consejo hace tiempo para dar garantías a los más vulnerables y no ver las escenas que vimos en la calle plena crisis económica. Un acuerdo que busca que el Estado se implique y dé soluciones al desahuciado, que facilite viviendas de protección oficial y que el propietario no tenga que asumir todos los gastos. Hay demasiados plazos que perjudican al propietario y no hay previsión de que la Administración resuelva. Tiene que haber coordinación entre la Estado, los juzgados y los Servicios Sociales, señalan estos vocales.

En el CGPJ no han sentado bien las críticas desde el Gobierno. Le recuerdan en el informe que la función consultiva del Consejo está establecida en la ley. Tampoco han gustado las críticas de Podemos, que ha comparado al órgano de gobierno de los jueces con una manzana podrida y caducada.

El debate ha sido intenso, jurídico y en algún momento a punto de ser bronco por las discrepancias entre la mayoría, que critica la ley, y la minoría, que la defiende. Minoría que va a presentar un voto particular. Por cierto que entre la mayoría hay dos vocales a propuesta del PSOE, Victoria Cinto y Roser Bach.