Inmersos en la sexta ola y aún a la espera de confirmar, a la espera de que salgan los datos de covid-19 del Ministerio de Sanidad, si finalmente hemos llegado al pico de esta curva, España aún mantiene ciertas restricciones en varias comunidades autónomas. Desde los pasaportes covid hasta la limitación de personas en las reuniones sociales, como podría ser el caso de Cataluña. No obstante, la más destacable a nivel nacional y que se perfila así como la única norma común entre todas las comunidades es el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Así lo decidió el Gobierno a finales de diciembre del año pasado.

Una norma que se terminó publicando en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre y que Pedro Sánchez defendió como una medida que había sido apoyada por una serie de expertos. Nada más lejos de la realidad. Según el ABC, que ha tenido acceso a la documentación del Gobierno remitida al Congreso de los Diputados, el dossier en el que establece de nuevo la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores no cuenta con ningún aval científico.

Tal y como señala ABC, de hecho, el Ejecutivo asegura que "el único informe evacuado para la redacción del decreto es la memoria de análisis de impacto normativo". No es, sin embargo, la primera vez que el Ejecutivo toma importantes decisiones relacionadas con la gestión de la pandemia basándose en las voces expertas y, posteriormente, hemos conocido que estos asesores y expertos no han existido.

La desescalada tras el fin del primer estado de alarma

Tras el confinamiento domiciliario durante la primera ola, el Gobierno se dejó guiar por "un comité de expertos" que le asesoró para decidir qué comunidades debían pasar de fase o no. En función de la evolución epidemiológica, las comunidades autónomas podían relajar paulatinamente sus restricciones hasta entrar en la entonces denominada "nueva normalidad".

Después de la marcha de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad, él mismo defendió en reiteradas ocasiones que la desescalada se realizó "con criterios de mucha prudencia" y que en todo momento el Ejecutivo siguió los consejos científicos, argumentando que el Gobierno siempre se basó en la evidencia científica. "Nosotros siempre adaptamos tener como base de la toma de decisiones la ciencia y los expertos en Salud Pública", aseguró Salvador Illa.

Estado de alarma en la Comunidad de Madrid

El incremento de contagios y de incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid hizo que el Gobierno de Pedro Sánchez tomara la decisión de crear un "semáforo covid", apoyándose en su "comité de expertos", por el que en función de la situación epidemiológica de una comunidad, se debían endurecer las restricciones. Fue así como a principios del año 2020 llegó el estado de alarma a la Comunidad de Madrid.

Este estado de alarma estableció el confinamiento perimetral de nueve ciudades de la región, además de la propia capital, para las que estaba prohibida la entrada y salida salvo casos justificados. Un estado de alarma que fue muy criticado por el gobierno de Ayuso y las divergencias entre Moncloa y el ejecutivo regional se hicieron patentes desde el primer minuto.

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De hecho, poco antes de que se anunciara el estado de alarma para toda la comunidad, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, concedió una rueda de prensa en la que defendía el modelo de confinamiento por zonas básicas de salud en lugar del confinamiento total de las ciudades afectadas.

El Gobierno desoyó las recomendaciones de la Comunidad, obvió la cogobernanza y decidió tomar la decisión más dura: declarar el estado de alarma, el cual tendría una duración de quince días y solo podría prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados. Una premisa que, a ojos del Gobierno de Pedro Sánchez, no parecía -a efectos prácticos- una tarea sencilla. El Ejecutivo, no obstante, siguió defendiendo su comité de expertos y la toma de decisiones.

Más adelante, sin embargo, otra serie de comunidades con indicadores similares a los que tuvo Madrid cuando se decretó el estado de alarma, no tuvieron que someterse a aquella medida. De hecho, por aquel entonces hubo muchas personas que atribuyeron aquella decisión a los "intereses políticos", por las diferencias entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, y no tanto por los "intereses sanitarios".

El comité de expertos que nunca existió y que "asesoró" al Gobierno

No sería hasta finales del mes de julio de 2020 cuando el Gobierno admitió que el comité de expertos que había tomado las decisiones sobre la forma de proceder para la desescalada tras la primera ola nunca existió. Por lo tanto, de no haber existido por aquel entonces un comité de expertos, tampoco hubo un grupo que le hubiera asesorado para el "semáforo covid" y, como hoy hemos podido saber gracias a ABC, tampoco para la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.

El Ministerio de Sanidad negó en varias ocasiones que no existiera el comité de expertos. Más adelante, a finales de diciembre del año 2020, Sanidad hizo públicos los nombres de los quince técnicos del comité que asesoró al Gobierno en mayo: 14 técnicos del Ministerio de Sanidad, dependientes de Illa y entre los que constaba el director del CCAES, Fernando Simón, y tan solo un experto externo. Se trataba del vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Javier Segura del Pozo. Finalmente, Sanidad admitió que nunca existió un comité de expertos.