Para impartir justicia, además de ser independiente, hay que parecerlo, pues de lo contrario se alimentan las sospechas de que en España se dictan resoluciones no motivadas en Derecho, sino en el poder político de turno. Es la sentencia dictada por los jueces consultados en estas líneas sobre la polémica renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces que lleva más de dos años con el mandato expirado, y que tiene atribuciones tan importantes como el nombramiento de los altos cargos judiciales (magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de Salas, de Tribunales Superiores de Justicia o de Audiencias Provinciales), la inspección de los juzgados o el régimen disciplinario de los magistrados.

La Constitución Española dice en su artículo 122 que el CGPJ está integrado por veinte miembros, de los cuales doce son escogidos “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica”, y “cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado”, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia, elegidos en el caso de las Cámaras “por mayoría de tres quintos”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) también ha conferido al Congreso y al Senado la elección por mayoría de tres quintos de los miembros que deben ser escogidos entre jueces y magistrados. Pero la forma en que se elige a estos doce miembros judiciales se puede cambiar modificando la propia LOPJ.

La situación en la que se encuentra el CGPJ, con el mandato expirado debido a la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP para renovarlo, ha abierto de nuevo el debate acerca de si los jueces deben elegir entre ellos a los miembros judiciales del CGPJ o si, en la medida en que el Poder Judicial emana del pueblo español como el resto de poderes del Estado, los representantes políticos deben participar también en la elección de los doce miembros que deben ser escogidos entre jueces y magistrados.

MÁS DE DOS AÑOS CON EL MANDATO EXPIRADO

Actualmente, para que los miembros del CGPJ sean elegidos es necesaria una mayoría de tres quintos, es decir, el sí de 210 de los 350 diputados y de 159 de los 265 senadores, lo que obliga a entenderse al PP y al PSOE. Sin embargo, en los últimos años la trifulca política se ha trasladado al Poder Judicial, que si bien debería ser independiente, se ha visto afectado por la falta de consenso. De ahí que esté en funciones desde 2018.

Pero el problema es de mayor calado. Desde 1985 los dos principales partidos han convertido la fórmula de elección del CGPJ en una especie de reparto de cromos. En lugar de elegir a juristas consensuadamente por su perfil profesional y con independencia de su ideología, da la sensación de que cada partido se queda con una cuota de juristas afín a sus postulados.

De hecho, a finales del mes pasado, cuando parecía que por fin el PSOE y el PP habían cerrado ya un acuerdo después de la renovación del Consejo de Administración de RTVE, el pacto volvió a bloquearse por el veto de los populares a dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Ricardo De Prada fue el ponente de la sentencia de la Gürtel que sirvió de base para descabalgar al Gobierno de Mariano Rajoy en la moción de censura, mientras que Rosell es la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

LA DUDOSA APARIENCIA DE INDEPENDENCIA

“Se da la imagen de que el Poder Judicial es una marioneta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”, explica Carlos Viader, juez de lo Penal en Torrijos (Toledo), que critica el sistema de nombramiento de los miembros judiciales del CGPJ por los políticos. A su juicio, “lo lógico es que estos doce miembros que son jueces los elijamos nosotros, los jueces, en función de su perfil profesional y de que estén comprometidos con los intereses de los jueces y no en función de si son acólitos” de una fuerza política u otra.

El jurista advierte del riesgo de que la sociedad desconfíe de la justicia, pero entiende que la “apariencia de independencia se pierde con esta forma de elección. Aunque los magistrados del Supremo dicten sentencias perfectas, todo el mundo va a pensar que la decisión está amañada desde el momento en que la adoptan personas elegidas por un CGPJ politizado. Con independencia de lo que hagan, su reputación está manchada por el modo en que se designan”, critica.

Aunque los magistrados del Supremo dicten sentencias perfectas, todo el mundo va a pensar que la decisión está amañada

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Sin embargo, “el 99% de los jueces” ejerce sus funciones sin arreglo a ningún nombramiento político, pues “solo la cúpula judicial es elegida de esta manera”, señala. “Estudié Derecho y ADE seis años y una vez acabé la licenciatura me puse con la oposición. Año y medio después la saqué y después estuve en la escuela judicial de Barcelona y después un año de prácticas”, explica Viader sobre el largo camino de estudios que conlleva ser juez. El 28 de marzo se examinarán del primer ejercicio los más de 4.000 opositores admitidos para las 300 plazasde acceso a la carrera judicial y fiscal

EL REPARTO DEL PASTEL

El magistrado Pablo Baró, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, comparte el mismo razonamiento. A su parecer, los doce vocales de procedencia judicial “deberían ser elegidos por los jueces” ya que se está generando un problema de “desafección de la carrera judicial respecto a su órgano de gobierno”. Además, la sociedad “tiene la percepción de que los partidos se reparten un trozo de pastel y es un espectáculo bochornoso”.

Como explica, con “una simple reforma” en la Ley Orgánica del Poder Judicial se podría cambiar el sistema de elección de los miembros judiciales del CGPJ, pero desde 1985 “ningún gobierno en este país lo ha hecho cuando ha tenido oportunidad”.

Con “una simple reforma” en la Ley Orgánica del Poder Judicial se podría cambiar el sistema de elección

De hecho, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, volvió a advertir el año pasado a España de que en la elección de los miembros judiciales del CGPJ no debería participar el poder político. Insistió en que el "debate público sobre la percepción de la politización de la Justicia sigue siendo de actualidad" y que este gira especialmente en torno al sistema de nombramientos. "Se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización", lamenta el informe. “Las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial", insiste el GRECO.

LAS ETIQUETAS CONSERVADOR Y PROGRESISTA

El magistrado Baró explica que en la judicatura hay jueces de todos los colores políticos, como en la sociedad, pero las sentencias se fundamentan en Derecho y no en prejuicios. Tradicionalmente se les ha etiquetado en conservadores o progresistas en función de su pertenencia, sobre todo, a la Asociación Profesional de la Magistratura o a Juezas y Jueces para la Democracia, pero reducir los fallos judiciales al pensamiento de quien los dicta no se ajusta a un Estado de Derecho en el que los jueces están “sometidos al imperio de la ley”. “Molesta que tu trabajo pase a un segundo plano por tu pertenencia a una asociación”, explica el magistrado, que llama a la sociedad a superar las etiquetas y a confiar en la justicia.

“Somos técnicos en Derecho. No se habla del ingeniero conservador o del arquitecto progresista, pues con los jueces tendría que pasar lo mismo. Los jueces tenemos ideología, pero no nos dejamos llevar por ella”, sentencia Natalia Velilla, magistrada de Familia en Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Pese a ello, entiende que la sociedad desconfíe de la justicia por la interferencia del poder político. Por eso, además de poder elegir a los doce integrantes judiciales del CGPJ, la magistrada urge una reforma en la línea del artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el CGPJ determine, en aras de una despolitización total y con base en los principios de mérito, capacidad, idoneidad o especialización, a quién nombra presidentes de las Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA ITALIANO

“En todos los países del Consejo de Europa una parte del CGPJ lo eligen los jueces con mayor o menor acierto. Pero somos el único país junto con Polonia en el que todos los miembros son elegidos, ya no por el Parlamento, sino por un señor de Ferraz y otro de Génova”, critica Velilla.

Para la magistrada sería recomendable un modelo como el Consejo Superior de la Magistratura Italiano, donde dos tercios de los miembros son elegidos por los magistrados y el tercio restante por el Parlamento. En total, hay 27 miembros, entre los que se encuentran el presidente de la República, el presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general, que son calificados como miembros natos. Los 24 miembros restantes se eligen entre magistrados de las diferentes asociaciones judiciales, hasta un total de 16, y el resto lo elige el Parlamento.

LÍMITES A LAS FUNCIONES DEL CGPJ

Mientras en España los jueces piden despolitizar el CGPJ, el Congreso de los Diputados aprueba la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para que el órgano de gobierno de los jueces no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial una vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.

PP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el CGPJ, pero encallaron por el veto de los populares a los candidatos de Unidas Podemos. Desde entonces, las conversaciones entre ambos partidos se habrían reanudado sin que se conozcan progresos.

Entretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, el jueves escuchó a la primera decena de candidatos a ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego y que fueron convocadas el pasado 4 de febrero.

Y, en el Pleno extraordinario de la semana pasada, hubo suficiente consenso en el CGPJ para realizar seis de las ocho designaciones que tenía sobre la mesa. El presidente, Carlos Lesmes, incluyó estos nombramientos en el orden del día a petición de ocho vocales después de que decidiera inicialmente no hacerlo para dar una oportunidad a la negociación entre PP y PSOE. Según informa Europa Press, en el Pleno ordinario programado para el 25 de marzo aún podrían realizarse una serie de nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.

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FUENTES CONSULTADAS:

• Carlos Viader, juez de lo Penal en Torrijos (Toledo)
• Pablo Baró, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña
• Natalia Velilla, magistrada de Familia en Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria

• Constitución Española

• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

• Página del CGPJ español

• Página del Consejo Superior de la Magistratura Italiano

• Página del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)

• Carta de la Delegación de GRECO a España (14/10/2020)

• XIX Informe General de Actividad del GRECO 2018, en el que revisa las acciones tomadas por sus 49 estados miembros contra la corrupción en 2018, en particular con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales
• Nota informativa del CGPJ en relación al primer ejercicio de las pruebas de acceso a la carrera judicial y fiscal