Actualmente hay 197 presos de ETA en cárceles españolas, de los que 75 están en prisiones del País Vasco, de provincias limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja y Navarra) o de Zaragoza y Soria, por lo que 122 reclusos de la banda terrorista (61 %) cumplen condena a 300 o más kilómetros de sus lugares de origen.

En dos años y medio de Gobierno de Pedro Sánchez, con Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, se han autorizado 140 traslados de presos de ETA, un número que no coincide con el de presos pues algunos han sido trasladados más de una vez.

De ellos, 116 han sido a cárceles de Euskadi o cercanas, según datos facilitados a Efe por Instituciones Penitenciarias.

Además, durante ese periodo se han concedido 17 progresiones de grado (tercer grado o régimen abierto), que no todas necesariamente cuentan como acercamientos: 13 de ellas sí han implicado traslados, que sumados a los 140 traslados hacen un total de153 durante el mandato de Grande-Marlaska.

De ellos, 116 han sido a cárceles de Euskadi o cercanas a la comunidad.

La mayor parte de los 197 presos etarras cumplen condena en prisiones de Andalucía, en concreto 41, que suponen casi el 21 % del total. Castilla y León es la segunda comunidad que alberga más presos de ETA (35), un 17,7 %; seguida de Comunidad Valenciana (20 internos, un 10 %).

A MÁS DE 1.000 KM

De los 122 reclusos encarcelados a más de 300 kilómetros del País Vasco, una veintena están presos en los centros de Cádiz, Sevilla, Almería y Huelva, que distan de Euskadi alrededor de 1.000 kilómetros. La única prisión más alejada sin etarras es ya la de Algeciras tras el acercamiento, en diciembre, del último que estaba en sus celdas, Eider Pérez Aristizabal.

Según los últimos datos de la agrupación de familiares de presos etarras, Etxerat, en la cárcel de Huelva permanecen cuatro etarras.

El más destacado es Javier García Gaztelu, Txapote, responsable de los asesinatos de Miguel Ángel Blanco; Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; Fernando Mújica; Gregorio Ordóñez; José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego (Huesca).

Mientras, en la cárcel sevillana hay otros seis presos etarras, entre ellos, Gurutz Aguirresarobe Pagola, autor material del asesinato del policía Joseba Pagazaurtundua; Garikoitz Etxeberria Goikoetxea, relacionado con uno de los mayores zulos de explosivos hallados en Amorebieta y Atxondo (Vizcaya) en 2006, o Iker Olabarrieta, autor del atentado al socialista Eduardo Madina.

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Otros nueve reclusos cumplen condena en los centros gaditanos, a 1.020 kilómetros del País Vasco. Uno de los etarras que ha dejado la prisión de Puerto III es Jon Bienzobas Arretxe, el asesino en 1996 del presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

Además, un total de 28 presos están en cárceles francesas, entre ellos Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, considerado exjefe militar de ETA, que cumple condena en la prisión de Lannemezan, la más cercana al País Vasco (231 kilómetros), según Etxerat.

LOS HISTÓRICOS

Uno de los traslados más numeroso fue anunciado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 30 de diciembre de 2020: un grupo de once presos en el que se encontraba Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, considerado uno de los etarras más sanguinarios.

Progresaba al segundo grado (el régimen ordinario de cumplimiento) y pasaba de la cárcel de Alicante a la de Dueñas, en Palencia, tras presentar un escrito reconociendo el daño causado y su decisión de no recurrir nunca más a la violencia.

También a finales del pasado año fue acercado el histórico jefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, responsable de veinte asesinatos. En un principio se anunció que iría de Murcia a Logroño, pero acabó en Pamplona.

En la capital alavesa habría cumplido condena bajo la vigilancia de los funcionarios de prisiones que eran compañeros de José Antonio Ortega Lara, secuestrado cuando él lideraba la banda.

La lista de traslados incluye otros nombres claves en ETA durante años, como José María Arregui Erostarbe, Fiti, miembro de la dirección de la banda que cayó en Bidart (Francia) en 1992, y miembros de sangrientos comandos, como Gregorio Vicario Setien, uno de los secuestradores del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya, o Mikel Azurmendi, el asesino del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez-Becerril.

OTROS GOBIERNOS

Durante las dos legislaturas de José María Aznar como presidente del Gobierno (entre mayo de 1996 y marzo de 2004) se autorizaron 426 traslados (53,2 por año). En esos ocho años el Ministerio del Interior estuvo ocupado, sucesivamente, por Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Ángel Acebes.

Un total de 237 presos de ETA fueron acercados con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (abril 2004-noviembre 2011), lo que supone 33,8 traslados por año. En el tramo final de su segunda legislatura, el 20 de octubre de 2011, la banda terrorista anunció el cese definitivo de la violencia.

Justo su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acababa de dejar el cargo al ser proclamado candidato del PSOE a la Moncloa en las elecciones del 20 de noviembre, que se celebraron anticipadamente. Fue sustituido por Antonio Camacho.

Las dos legislaturas de Mariano Rajoy (diciembre de 2011-junio de 2018), ya con la tregua de ETA, se saldaron con 40 traslados (5,7 por año). Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido fueron los ministros de Interior en esa etapa.

LAS VÍCTIMAS

Instituciones Penitenciarias asegura que todas las decisiones sobre traslados son técnicas y no políticas, e insiste en que no hay una política global de traslados sino que se estudia caso por caso. Además, incide en que no se toma ninguna decisión sin contar con los informes de la junta de tratamiento de las prisiones.

Unas afirmaciones con las que no coincide la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) que denuncia de manera reiterada que se otorguen beneficios penitenciarios a presos con delitos de sangre, y recuerda cómo cada semana reciben "el temido correo" del Ministerio del Interior con los nombres de "los asesinos" que serán acercados a sus núcleos familiares.

Además, esta asociación relaciona los traslados con el apoyo de EH Bildu al Gobierno, al que pide que retome una política penitenciaria basada en la reinserción de los presos, que "para ser sincera debe de sustentarse en la colaboración con la Justicia".

Como recuerda la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, traslados de etarras de una cárcel a otra ha habido con todos los gobiernos, pero la diferencia es que con Grande-Marlaska "nos están informando, cosa que nunca había ocurrido".

Ordóñez señala a Efe que Covite siempre ha respetado las distintas políticas penitenciarias, "partiendo de la base de que ni las víctimas tenemos derecho a elegir las cárceles donde cumplan condena los asesinos de nuestros familiares, ni los etarras presos tienen derecho a elegir cárcel".

El temor de esta asociación es que la transferencia de prisiones al País Vasco pueda conllevar la excarcelación de presos, admite Ordóñez, quien subraya que Covite "no sigue consignas ni propaganda de ningún partido", por lo que "lo que no criticamos con otros gobiernos no lo vamos a hacer ahora porque quien gobierne sea de un color u otro político y a la oposición le interese hacer demagogia".

En declaraciones a Efe, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, acusa a Interior de incumplir su palabra de que no acercaría a presos con delitos de sangre, y advierte de que "a este paso de cinco acercamientos y cambios de grado cada viernes" el Gobierno habrá acercado a todos los terroristas de ETA antes del verano.

"Y será entonces cuando ceda las competencias de prisiones al País Vasco y Navarra, que pondrán en libertad a los asesinos de nuestros familiares. Y aprovecharán la covid-19 para evitar que nos movilicemos en las calles contra estas indignas actuaciones del Gobierno bolchevique de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez", señala.