Justo la semana en la que la Secretaría General de Prisiones ha comenzado el reparto de las primeras 40.000 mascarillas remitidas por el ministerio de Sanidad, CSIF prisiones alerta a COPE de que “algunos de los lotes que han recibido en centros como los de Jaén, Granada o el Hospital Psiquiatrico de Sevilla están caducados". Jorge Vilas, responsable nacional de prisiones en el sindicato, asegura a esta emisora que “si bien los filtros sanitarios podrían estar en condiciones, las sujeciones no, y por lo tanto están poniendo en peligro la salud de los trabajadores”.

Desde Instituciones penitenciarias se admite a COPE que han podido entregarse algunas mascarillas con la fecha de caducidad vencida, pero aclaran que no pertenecen a la última remesa facilitada por las autoridades sanitarias y cuyo reparto se inició este martes, 24 de marzo. Se trata de 12.800 mascarillas FP-2 pertenecientes a partidas anteriores. Es un stockaje, nos cuentan, que se consiguió reunir ante la situación de emergencia que se comenzó a vivir hace unos días. Ese material, aseguran, va a ser retirado.

Desde CSIF se denuncia que “los trabajadores (entre los cuales hay unos 50 positivos y 250 en cuarentena), siguen trabajando sin tener los medios adecuados. Mientras la Secretaria General no consigue facilitar gafas de protección, batas, guantes o geles, se ha considerado oportuno gastar el dinero público en la compra de teléfonos para los internos, cosa que no vemos como algo prioritario tal como están las prisiones españolas ahora mismo”. Es la crítica del sindicato al anuncio de compra de unos 200 teléfonos móviles para facilitar la comunicación de los internos, que tienen suspendidas todo tipo de visitas durante el estado de alarma.

ESCRITO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Precisamente este sindicato presenta mañana un escrito ante el defensor del pueblo, al que ha tenido aceso cope, y en el que advierte sobre “la constatación por parte de la población reclusa de que no tiene protección frente a la propagación del virus”. Y añade: “lo que genera alarma (entre los internos) no es que los  profesionales penitenciarios lleven equipos de protección individual (mascarillas, guantes…) sino que no los lleven. El hecho de que sean personas privadas de libertad no quiere decir que desconozcan lo que está ocurriendo”.

Antes de recordar que muchos trabajadores están en asilamiento y por lo tanto está “disminuyendo el número de efectivos disponibles y poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la Institución, el escrito afirma que “todo ello da lugar a un escenario de tension que dinamiza la producción de incidentes graves (…) como ya está ocurriendo en algunas prisiones españolas”.

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A todo esto, desde Instituciones Penitenciarias nos confirman que de los 6361 internos que cumplían su condena en tercer grado a finales de febrero, en este momento más de 4400 ya lo hacen en su domicilio. Quiere esto decir que no han de ir a prisión a pernoctar. Esa medida se ha adoptado tras las indicaciones de la Secretaría General para que se aplique el articulo 86.4 del Reglamento Penitenciario al mayor número posible de internos. La medida se aplica siempre por decisión de las Juntas de Tratamiento de cada centro, que es a quienes corresponde la modalidad de cumplimiento de cada interno.

Hasta ahora 2570 presos se beneficiaban de ese regimen abierto gracias a la colocación de una pulsera telematica. Al doblarse prácticamente de golpe la cantidad de internos en esta situación no hay pulseras para todos. Aun asi, otras 519 están pendientes de ser activadas, según las cidras de Interior. Están surgiendo, dicen, dificultades derivadas de esta crisis como que algunos técnicos están enfermos o en cuarentena. En este momento hay 46 positivos entre los trabajadores de prisiones y casi 250 en aislamiento. L resto de presos han quedado sujetos a una mera llamada telefónica que de manera aleatoria controla durante la semana sus movimientos.