Nueve semanas y media de huelga y en torno al 80% de los letrados judiciales mantiene el paro. Durante todo este tiempo se han suspendido más de 356.000 juicios, hay 424.000 demandas paradas pendientes de llegar a los juzgados y 1.280 millones de euros paralizados esperando a que se resuelva la huelga. Empezaron a negociar la semana pasada, cuando les llamó Hacienda.

Los principales perjudicados, los ciudadanos que viven como se retrasa la solución a sus problemas y como no pueden disponer en de su dinero por estar paralizado en las cuentas judiciales. Necesitan recibir indemnizaciones, necesitan pagar pensiones a los menores y documentos.

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Cuando se solucione, la normalidad no se recuperará, al menos hasta el año que viene, decía en 'Herrera en COPE' el presidente del Colegio Nacional, Ernesto Casado: "Estamos dispuestos a ponernos a trabajar en al 200% si es necesario para intentar en los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes, pero evidentemente consideramos que antes de final de año no va a llegar realmente es una situación muy difícil de resolver". Y si el juzgado no funciona, no cobra nadie.

Desde los ministerios

Fue tras una misiva a María Jesús Montero cuando incluyeron en el asunto al ministerio de Hacienda. El comité de huelga le informó de "los compromisos que el Ministerio de Justicia adquirió" con los letrados en abril de 2022 y "de cuyo bloqueo culpabiliza" a Hacienda. Según los funcionarios, estos compromisos se corresponden con las reivindicaciones que mantienen desde el primer día de huelga: una cláusula de enganche para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a jueces y fiscales, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.

Llop reclama a los letrados que sean "realistas" y hagan nuevas propuestas. Aceptar su petición de una cláusula de enganche al salario de jueces y fiscales, alega, supondría un aumento mensual de "más de mil euros" por funcionario en su salario de entre 40.000 y 60.000 euros brutos al año.